Desde el gobierno del Frente Amplio se trabaja en un proyecto de Ley de Competitividad e Innovación. Esta iniciativa legislativa está orientada a desburocratizar la actividad privada, reducir los costos del comercio exterior y mejorar el clima de negocios. A través de una consulta pública, se recogieron más de 50 propuestas de la sociedad civil y de diversas cámaras empresariales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo definió los ejes y las medidas complementarias para su envío al Parlamento, cuyos lineamientos centrales son:
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Comercio exterior: reformas al Código Aduanero y sustitución de ciertos certificados por declaraciones juradas para evitar dobles controles y agilizar el despacho de mercaderías.
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Digitalización: fuerte impulso a la eliminación de documentos en papel y digitalización integral de trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección Nacional de Aduanas.
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Defensa de la competencia: fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (COPRODEC) e introducción de regulaciones procompetitivas en mercados regulados.
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Innovación: ajuste del marco normativo de las instituciones correspondientes para agilizar y optimizar el acceso a los instrumentos de financiamiento.
Cuando hablamos de competitividad, quienes vivimos al norte del río Negro somos conscientes de las diferencias sustanciales que enfrentamos respecto al sur del país en cuanto a oportunidades de inversión. No es casualidad que los departamentos del norte registren los mayores índices de desempleo y pobreza. Por ello, desde el Congreso de Intendentes se trabaja en 13 propuestas sobre Competitividad Territorial para incluir en la nueva ley. El objetivo es generar condiciones favorables que impulsen a los inversores a desarrollar sus emprendimientos en nuestra región.
Entre las propuestas se destacan las siguientes:
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Régimen de Inversiones Territoriales: Se plantea un Índice de Desarrollo Territorial que integra la distancia logística al puerto principal, el desempeño departamental, la densidad del parque empresarial formal, el PBI per cápita departamental y el índice de necesidades básicas. Mediante un multiplicador, este régimen incrementa la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), extiende el plazo para utilizar dicho beneficio y amplía el período de exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP).
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Régimen de Energía Productiva Territorial (REPT): Considerando que Uruguay exporta sus excedentes de energía eléctrica renovable a precios inferiores a las tarifas industriales domésticas, se propone destinar dicha energía a reducir los costos de tarifas y peajes eléctricos en zonas priorizadas.
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Régimen de Parques Industriales y Logísticos Priorizados: Debido a que los beneficios vigentes para los parques industriales del norte no compensan la brecha logística ni el menor tamaño del mercado local, se propone otorgar un mayor período de exoneración del IRAE junto con la exoneración de la contribución inmobiliaria departamental.
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Régimen de Incentivos Fiscales para Proyectos Turísticos Territoriales: Se propone modificar el marco de evaluación del Decreto Nº 175/003 mediante la introducción de un factor de discriminación geográfica positiva. De este modo, se asignará automáticamente el puntaje máximo de 10 puntos en el indicador territorial o de localización a los proyectos turísticos que se radiquen en los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera, Salto, Treinta y Tres, Tacuarembó, Cerro Largo y Río Negro, manteniendo sin cambios las ponderaciones de las demás zonas.
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Régimen de Gasoil Productivo Territorial (RGPT): Se plantea la creación de un crédito fiscal imputable contra el IRAE, equivalente a un porcentaje de la carga impositiva combinada (IMESI e IVA) según la zona geográfica. Este beneficio será aplicable al transporte de carga de producción propia, maquinaria agrícola y forestal, plantas agroindustriales, sistemas de riego, secado y frío industrial.
Uruguay enfrenta un desafío estructural persistente: la concentración económica en Montevideo, el área metropolitana, Maldonado y Colonia que profundizan asimetrías territoriales que el crecimiento macroeconómico de las últimas dos décadas no ha podido revertirlo. Estas son algunas de las 13 medidas que se propone incluir en la nueva ley y que permitiría reducir esas asimetrías.
Téc. Univ. Gustavo Chiriff / PCU – Frente Amplio
