Las tragedias de Venezuela y la solidaridad internacional
En lo que va del año 2026, la República Bolivariana de Venezuela ha sufrido dos golpes de gran impacto que marcan un hito en su historia reciente.
El primero ocurrió el 3 de enero con el ataque militar denominado “Operación Resolución Absoluta”, lanzado por el gobierno de Estados Unidos contra Caracas y otras ciudades estratégicas como La Guaira. Esta operación, que incluyó entre sus objetivos el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, buscaba desestabilizar al gobierno venezolano para instaurar un régimen títere, afín a los intereses de Washington y sus corporaciones. Bajo una amenaza mortal y explícita de la Casa Blanca, se forzó una transición donde se delegó el mando en Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”. Esto dejó al gobierno y a la economía del país en una condición de subordinación total a las decisiones estadounidenses, facilitando el saqueo impune del petróleo nacional.
El segundo acontecimiento, tan devastador como el anterior, ocurrió la noche del 24 de junio de 2026. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron con fuerza la capital y el litoral caribeño, ensañándose especialmente con la zona de La Guaira. La catástrofe provocó el colapso masivo de infraestructuras y ha dejado, hasta el momento, un saldo trágico de al menos 1.750 personas fallecidas, 5.000 heridos, más de 22.000 damnificados y cientos de edificios completamente destruidos.
Esta se consolida como la mayor tragedia sísmica que vivió el país en más de un siglo. Sin embargo, entre los escombros emerge la cruda realidad geopolítica de la Venezuela actual, la cual no ha cambiado tras la intervención norteamericana.
Desde la orden ejecutiva emitida por la administración de Barack Obama en 2015, que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, el país ha enfrentado un severo asedio económico. Esta situación se intensificó durante el mandato de Donald Trump mediante embargos petroleros y bloqueos financieros. Bajo estas medidas restrictivas unilaterales, el sector salud se ve imposibilitado para adquirir equipos de alta tecnología, insumos traumatológicos y repuestos para generadores de emergencia. Asimismo, el sistema eléctrico nacional padece un grave deterioro debido a la prohibición que impide a empresas internacionales proveer mantenimiento, turbinas o piezas de recambio. Por otra parte, las sanciones contra la estatal PDVSA y la restricción para importar diluyentes afectaron críticamente la refinación, provocando una escasez estructural de combustible. Esto entorpece de forma directa la movilización de maquinaria pesada, ambulancias y equipos de rescate.
La reconstrucción de la nación debe ser liderada por el propio pueblo venezolano; la comunidad internacional puede colaborar, siempre que respete la soberanía nacional y permita al país acceder a sus recursos legítimos. Por lo tanto, resulta urgente el levantamiento del bloqueo económico y de las sanciones impuestas a Venezuela.
¡SOLIDARIDAD CON VENEZUELA!
Téc. Univ. Gustavo Chiriff / PCU – Frente Amplio
