Cuando desde las responsabilidades máximas de la institucionalidad de la República se avala, por acción u omisión, prácticas clientelares que privilegian los intereses político partidarios por sobre los del país, el principal daño que se genera es hacia la democracia y la confianza de la ciudadanía.
No se puede mirar para el costado frente a los excesos constatados en Salto Grande. El Presidente de la República, el de todas y todos los uruguayos no puede una y otra vez poner su confianza personal por encima de sus responsabilidades como Jefe de Gobierno y Jefe de Estado.
Tampoco es admisible que se pretenda igualar para abajo, mintiendo sobre las gestiones de nuestros gobiernos para legitimar un bochorno. Las contrataciones llevadas adelante por el presidente de la delegación uruguaya en Salto Grande, Carlos Albisu, son una vergüenza nacional que ofenden a propios y ajenos. Contratar a los ediles de su propia lista política y del exintendente Germán Coitiño debería traer como consecuencia la remoción del cargo de quien llevó adelante semejante desapego de los dineros públicos con absoluta falta de transparencia. Hacer una campaña electoral con los dineros de los contribuyentes, es algo que el Presidente Lacalle Pou no puede admitir.
La ética en la función pública podría sintetizarse en la frase de neto cuño saravista, porque más allá de las polémicas sobre el arriba y el abajo, lo que no debería estar en discusión es que hay que actuar con responsabilidad y dignidad.
Fernando Pereira
