Hablo en clave de cargos electivos porque estamos en tiempos de elecciones, no porque pretenda volver a un cuerpo legislativo. Ya fui diez años edil, dos veces electo diputado y una senador, suplente pero con actividad continuada más de un año. Creo que como dice Atahualpa Yupanki en Coplas del payador perseguido: “está mi parte cumplida…”.
Igual, me hago la fantasía, si fuera legislador trataría de meter mano en varias cosas que, aunque legales, son injustas.
Leo que, a un narcotraficante condenado por segunda vez por tener cientos de quilos de droga pesada (aunque vivió en la Tahona), la ley le ha dado dos años de pena por su segundo ilícito. Qué diferente a las mujeres que, por tratar de pasar unos gramos de marihuana en las cárceles, tienen que purgar entre cuatro y quince años de prisión. Dice la ley: “Además, si el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, también se aplica una pena de cuatro a quince años de prisión”. El artículo figuraba entre los que se rechazaría en el referéndum contra la LUC, pero no prosperó.
Las dos situaciones son legales, aunque sean injustas. He leído que un gran profesor de este país dijo a sus alumnos “entre la Ley y la Justicia, elijan siempre la justicia”.
Por eso creo que si fuera legislador (hay más de 130 uruguayos que lo son), trataría de incidir en ese cambio. Que se meta en cana por muchos años al que pudre cabeza de la gente, no sólo al pobre que pasó unos gramos. Ese no es traficante de alto vuelo, pero el circunstancial habitante del barrio privado de Lacalle, sí, manejó cientos de quilos para enriquecerse.
No creo que haya “justicia para pobres y para ricos”. Lo que abunda es el dinero en los bolsillos de los poderosos para contratar a los mejores abogados; mientras los pobres deben conformarse con los letrados de Oficio que, aunque sean buenos, dependen de un sistema que ha sido empobrecido por los gobernantes puestos por los “malla oro”. Así la ley se opera desequilibrada: equipos de dedicación total, recursos sin límites y todo lo que la opulencia puede comprar, por un lado; y un abogado solo, con decenas de casos, por otro.
Si fuera diputado (Salto tiene tres: dos del gobierno y uno de la oposición), trataría de incidir en los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas, para que el Poder Judicial esté en condiciones de servir equitativamente a víctimas y acusados. No he visto en estos últimos años que se promuevan acciones de este tipo desde los representantes salteños.
Los legisladores son electos para actuar en nombre del Pueblo y en su defensa. Nadie llega para mejorar su situación económica ni la de sus familiares y amigos. Quien quiera ser diputado o senador para hacer fortuna personal o encaminar una carrera política, se equivocó de camino.
O engañó a los votantes.
