Invertir en la infancia es invertir en el Uruguay que viene
Cada vez que Uruguay discute cómo proteger mejor a su infancia, reaparece un debate que parece repetirse una y otra vez. Se cuestionan las transferencias monetarias, se ponen bajo sospecha a quienes las reciben y vuelven a circular afirmaciones que no resisten el contraste con la evidencia.
Sin embargo, esta vez conviene detenernos en lo verdaderamente importante. Lo que está en discusión no es un beneficio más. Lo que está en juego es la posibilidad de comenzar a revertir uno de los principales problemas estructurales del país: que casi tres de cada diez niñas y niños menores de seis años viven en situación de pobreza.
La propuesta incluida en la Rendición de Cuentas avanza en la dirección correcta. Unifica instrumentos que hoy funcionan de manera fragmentada y fortalece el apoyo a quienes más lo necesitan durante la etapa más decisiva del desarrollo humano: la primera infancia. Que un niño de un hogar del decil más vulnerable pueda pasar de recibir poco más de cinco mil pesos a diez mil pesos mensuales no es un exceso. Es una decisión política que reconoce una realidad evidente: las desigualdades empiezan demasiado temprano.
En torno a estas políticas suelen instalarse falsas oposiciones que empobrecen el debate público. Se dice que las transferencias desestimulan el trabajo, que fomentan la dependencia o que terminan financiando consumos irresponsables. Pero la evidencia disponible, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, demuestra exactamente lo contrario.
Los estudios muestran que la enorme mayoría de estos recursos se destina a alimentación, higiene, vestimenta y necesidades básicas del hogar. También muestran que no existe evidencia de que las transferencias provoquen un aumento de la natalidad ni una disminución de la participación laboral. En Uruguay, mientras estas políticas se consolidaban, aumentó el número de personas trabajando y buscando empleo, al tiempo que el país registró una caída sostenida de los nacimientos. Conviene dejar de discutir sobre prejuicios y empezar a hacerlo sobre datos.
También vale la pena recordar que las transferencias monetarias son, probablemente, una de las herramientas públicas más eficientes que existen. Son políticas con costos administrativos muy bajos y con un alto nivel de transparencia. La inmensa mayoría de los recursos llega directamente a las familias sin atravesar complejas estructuras burocráticas. En un Estado que muchas veces debe revisar la eficiencia de algunos de sus gastos, difícilmente este sea el lugar donde buscar el problema.
Pero existe una razón todavía más importante para respaldar esta iniciativa. La infancia no puede esperar.
Las brechas que se generan durante los primeros años de vida condicionan el desarrollo educativo, la salud, la inserción laboral y las oportunidades futuras. Lo sabemos gracias a décadas de investigación internacional. El economista James Heckman demostró que ninguna inversión pública genera retornos sociales y económicos tan altos como aquella que se realiza durante la primera infancia. Alimentar mejor, cuidar mejor y acompañar mejor a un niño hoy significa construir una sociedad más integrada, más productiva y más justa mañana.
Por eso este no debería ser un debate entre quienes defienden el gasto y quienes reclaman eficiencia. La verdadera discusión es si queremos orientar mejor los recursos públicos hacia donde generan mayor impacto.
Uruguay destina alrededor del 10 % de su Producto Interno Bruto al sistema previsional y apenas una fracción muy pequeña a las transferencias dirigidas a la infancia. Corregir parcialmente ese desequilibrio no significa enfrentar generaciones ni quitar derechos a unos para otorgárselos a otros. Significa reconocer que un país que envejece necesita cuidar especialmente a quienes representan su futuro.
Ninguna transferencia monetaria resolverá por sí sola la pobreza infantil. Sería ingenuo sostenerlo. La pobreza exige empleo de calidad, mejor educación, acceso a vivienda, salud, cuidados y oportunidades de desarrollo territorial. Pero también sería un error descalificar una herramienta que ha demostrado ser efectiva simplemente porque persisten otros desafíos.
Las políticas públicas no deben competir entre sí; deben complementarse.
Cuando un país logra colocar a la infancia en el centro de sus decisiones presupuestales, está enviando una señal sobre el tipo de sociedad que aspira a construir. No se trata únicamente de distribuir recursos. Se trata de distribuir oportunidades.
Defender esta propuesta no es defender una transferencia. Es defender el derecho de miles de niñas y niños a comenzar la vida con mejores condiciones que las que hoy les ofrece el lugar donde nacieron.
Ese debería ser el verdadero consenso nacional. Porque no existe inversión más inteligente, más justa ni más estratégica que la que hacemos en nuestra infancia.
