El trabajo tiene que volver a dar certezas
Por Álvaro Lima
Cada 1º de Mayo saludamos a quienes sostienen este país con esfuerzo, compromiso y dignidad. A quienes madrugan todos los días para sacar adelante a sus familias. A quienes trabajan en una chacra, en un comercio, en un frigorífico, en una obra, en un campo, en una empresa o detrás de un volante recorriendo kilómetros para llegar a destino. Pero también debemos asumir una realidad que preocupa: para miles de uruguayos y uruguayas, trabajar ya no garantiza tranquilidad.
En el interior del país esta situación se siente con más fuerza. Hay trabajadores que viven pendientes de una zafra, de una temporada o de algunos meses de actividad que luego se interrumpen abruptamente. Hay familias enteras que pasan de la estabilidad a la incertidumbre de un día para el otro, esperando durante meses una liquidación o sin alcanzar la cantidad de jornales necesarios para acceder a un subsidio de desempleo.
Esa realidad no puede naturalizarse.
El mercado laboral cambió, pero muchas herramientas del Estado siguen funcionando con una lógica que ya no responde a las condiciones actuales del trabajo. Hoy existen trayectorias laborales más fragmentadas, más discontinuas y más inestables. Y frente a eso, la política tiene la obligación de actualizar respuestas y construir protección social acorde a este tiempo.
Por eso, desde el Parlamento vamos a impulsar propuestas concretas vinculadas al empleo y la protección de los trabajadores del interior.
Queremos abordar la zafralidad con instrumentos que otorguen mayor estabilidad a quienes dependen de trabajos temporales. No puede ser que miles de trabajadores queden atrapados todos los años en un ciclo permanente de incertidumbre.
También creemos necesario revisar la cantidad de jornales requeridos para acceder al subsidio de desempleo. Hay trabajadores que aportan durante años y, sin embargo, quedan afuera del sistema por no alcanzar requisitos que muchas veces no contemplan la realidad de determinados sectores productivos.
Otro punto urgente es reducir las demoras en las liquidaciones, especialmente en los regímenes especiales. No es aceptable que una persona que perdió su fuente laboral tenga que esperar meses para cobrar lo que legítimamente le corresponde. Cuando el Estado demora, la angustia llega primero a la mesa familiar.
Además, proponemos avanzar en una pasividad anual complementaria que reconozca trayectorias laborales irregulares y brinde una mayor red de protección social a quienes han trabajado durante toda su vida en condiciones de discontinuidad.
Estas propuestas no nacen desde un escritorio. Surgen de escuchar a la gente, de recorrer el territorio y de entender que el interior necesita políticas públicas pensadas desde su propia realidad.
El trabajo no puede ser sinónimo de incertidumbre. Tiene que volver a ser una garantía de derechos, de futuro y de desarrollo.
Ese es el país que queremos construir: uno donde el esfuerzo tenga respaldo, donde nadie quede desprotegido y donde el crecimiento llegue también a quienes muchas veces sienten que el sistema les da la espalda.
En ese camino estamos. Y en ese camino vamos a seguir estando.
