Una Rendición de Cuentas no es solamente una presentación de cifras.
Es, fundamentalmenteuna expresión de prioridades políticas: señala dónde decide colocar sus recursos el Estado y cuáles son los problemas que considera impostergables.
En esta oportunidad, el Gobierno ha enviado una señal clara al país: la infancia debe estar en el
centro de las políticas públicas.
El proyecto presentado ante el Parlamento por nuestro gobierno incorpora recursos adicionales para cuatro áreas estratégicas: infancia, seguridad pública, educación y atención a las personas en situación de calle. Entre ellas, la infancia constituye el principal
destino de los incrementos presupuestales.
La medida más importante es la creación de la nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que permitirá ordenar y unificar los cuatro instrumentos de transferencias monetarias existentes. Para su implementación se destinarán 1.257 millones de pesos en 2027, cifra que aumentará a 1.711 millones en 2028 y a 1.887 millones en 2029.
}No se trata únicamente de una simplificación administrativa. Estamos ante una transformación concreta en el apoyo que reciben miles de hogares.
En 2027, más de 50.000 niñas y niños ingresarán al nuevo régimen y, para quienes hayan nacido a partir del 1.º de enero de 2025, las transferencias aumentarán, en promedio, un 84%.
El impacto esperado es especialmente significativo: una vez implementada plenamente, la medida permitiría reducir en un 25% la pobreza entre niñas y niños de 0 a 3 años. Esa etapa de la vida es decisiva. Las condiciones en las que una persona crece durante sus
primeros años repercuten en su desarrollo, su salud, sus aprendizajes y sus oportunidades futuras.
Por eso, combatir la pobreza infantil no puede reducirse a atender una emergencia social.
Es una inversión estratégica en el desarrollo del Uruguay. Cuando garantizamos alimentación, cuidados, educación y condiciones dignas desde los primeros años, construimos una sociedad con mayores oportunidades y menos desigualdades.
Este esfuerzo se complementa con 50 millones de pesos adicionales para el INAU, destinados al acogimiento familiar, la atención de situaciones de violencia y la adquisición de infraestructura. Proteger a la infancia también significa fortalecer las instituciones
responsables de actuar cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes son vulnerados.
La Rendición de Cuentas incorpora, además, 407 millones de pesos para la educación: 300 millones para la ANEP, 100 millones para ampliar las becas de la Universidad de la República y 7 millones para la UTEC. La educación y las políticas de infancia son
dimensiones inseparables. No alcanza con mejorar los ingresos de los hogares si no ampliamos, al mismo tiempo, las oportunidades educativas a lo largo de toda la trayectoria de vida.
Todo esto se plantea sin modificar la meta fiscal estructural. Los recursos provienen de reasignaciones y de mayores ingresos previstos.
Esto demuestra que es posible administrar con responsabilidad y, al mismo tiempo, responder a las necesidades más urgentes de
nuestra población.
Ahora ha comenzado la discusión parlamentaria. Allí tendremos la responsabilidad de analizar, aportar y mejorar el proyecto, sin perder de vista su orientación central. Atender la pobreza infantil no es asistir pasivamente sus consecuencias: es intervenir sobre una de las principales fuentes de desigualdad del país.
La infancia no puede esperar a que las condiciones sean ideales ni a que los beneficios del crecimiento lleguen algún día. Necesita respuestas concretas en el presente. Poner a las niñas y los niños primero es asumir una responsabilidad ética, pero también elegir el camino más sólido para construir un Uruguay con mayor justicia social, cohesión y oportunidades para todas y todos.
