La Rendición de Cuentas que estamos analizando en el Parlamento expresa una definición política clara: atender las principales urgencias sociales del país sin comprometer la estabilidad económica. No estamos ante una Rendición de gasto cero, pero tampoco ante una propuesta que desconozca las restricciones existentes. Estamos ante un ejercicio de responsabilidad que busca compatibilizar sensibilidad social, eficiencia en el uso de los recursos y cuidado de los equilibrios macroeconómicos.
El Gobierno nacional ha definido como prioridades la primera infancia, la educación, la seguridad pública y la atención a las personas en situación de calle. No son prioridades abstractas: responden a realidades concretas que encontramos cotidianamente en nuestros barrios, en las pequeñas localidades y en las familias que necesitan una presencia más cercana del Estado.
La propuesta prevé un incremento presupuestal progresivo durante el período 2027-2029. En una primera etapa, se destinarán 81 millones de dólares adicionales a estas áreas: 50 millones ya contemplados en el Presupuesto Quinquenal y otros 31 millones dirigidos a fortalecer y unificar el sistema de transferencias monetarias para la primera infancia.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. En 2027 beneficiará directamente a más de 50.000 niñas y niños y alcanzará, a través de sus hogares, a más de 200.000 personas. Al finalizar el período, se proyecta llegar a más de 90.000 niñas y niños y a unas 350.000 personas. Son cifras que reflejan una política de gran alcance, pero también una decisión ética: ningún país puede aceptar que el lugar donde una persona nace determine sus oportunidades para toda la vida.
Ahora bien, estas respuestas deben construirse sobre bases económicas sostenibles. La responsabilidad fiscal no es una consigna técnica ni una exigencia ajena a las necesidades sociales.
Es una condición indispensable para que las políticas públicas puedan sostenerse en el tiempo. Una política que se anuncia sin financiamiento puede generar expectativas en el presente, pero termina produciendo frustraciones, recortes e incertidumbre en el futuro.
Por eso, la Rendición combina nuevos recursos con reasignaciones, racionalización del gasto y mejoras en la eficiencia tributaria y recaudatoria. El objetivo es movilizar más recursos hacia las prioridades sociales sin revisar las metas fiscales establecidas en el Presupuesto Nacional. Incluso ante una recaudación menor a la esperada, el Gobierno realizó las correcciones necesarias para cumplir los compromisos asumidos.
Las proyecciones económicas nunca están exentas de incertidumbre. El crecimiento, la inflación, el comercio internacional y las condiciones financieras pueden cambiar como consecuencia de factores internos y externos. Lo importante es reconocer esos riesgos, explicarlos con transparencia y contar con herramientas para responder. Por eso, el proyecto incorpora escenarios macroeconómicos alternativos frente a eventuales situaciones de menor crecimiento o distinta evolución de la inflación.
También corresponde escuchar con atención las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y las preguntas planteadas durante el debate parlamentario. La sostenibilidad de las medidas, el rendimiento efectivo de los ingresos previstos y la calidad de las reasignaciones deben ser evaluados con rigor. El control parlamentario y el análisis técnico fortalecen las decisiones cuando se ejercen con responsabilidad y con voluntad de construir.
Cuidar la macroeconomía significa preservar la capacidad del Estado para invertir, sostener el empleo, proteger los ingresos y acompañar a quienes más lo necesitan. La pérdida de estabilidad siempre golpea con mayor fuerza a los hogares de menores recursos, a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a quienes viven en los departamentos del interior con menos oportunidades.
El desafío, entonces, no es elegir entre responsabilidad fiscal y justicia social. Uruguay necesita ambas. Necesitamos ordenar las cuentas para transformar las prioridades en derechos efectivos y, al mismo tiempo, orientar los recursos públicos hacia quienes enfrentan mayores dificultades.
