Montevideo, 3 de setiembre de 2023
Estimados Carolina Ramos, Miguel Nogueira y Guillermo Lussich Informativo Carve
Me dirijo a ustedes en relación al tema Salto Grande, luego de haber escuchado la entrevista
que realizaron el día 30 de agosto a Carlos Albisu, Presidente de la Delegación del Uruguay y
también después de escuchar el intercambio entre ustedes sobre el mismo tema, el día siguiente.
Soy Ingeniero Eléctrico, egresado de la UdelaR en 1993 y empleado de UTE desde 1989. Todos
los cargos que he desempeñado en esa empresa fueron alcanzados por concurso.
En el año 2005 fui designado por el Presidente Vázquez y los Ministros Gargano y Lepra para
integrar la Delegación del Uruguay en la CTM de SG, donde permanecí hasta el 17 de abril de
2020. Fui designado presidente de la Delegación del Uruguay a partir del gobierno
frenteamplista en 2010 y también en 2015.
Dediqué esos 15 años de mi vida profesional a tratar de hacer la mejor gestión posible en un
organismo de características muy particulares y poco conocido fuera del ámbito energético. No
tengo ninguna duda, que junto al equipo que me acompañó ayudamos a construir una gestión
transparente, que puso foco en la misión principal para la que fuimos designados, o sea,
administrar el complejo hidroeléctrico; una tarea que no es sencilla por tratarse de un organismo
binacional, en el cual, la dirección es compartida entre representaciones de los gobiernos de
países distintos, lo que obliga a la negociación permanente.
Me motiva a escribirles los comentarios vertidos por el Dr. Albisu en la entrevista mencionada
que aluden a las gestiones de las que fui parte, pero más que eso, me motiva – y preocupan- las
conclusiones que al parecer ustedes sacaron de esa entrevista, o dieron por ciertas, que podría
resumirse en “…las delegaciones anteriores hicieron lo mismo…”.
No ocupo en la actualidad cargos políticos, ni siquiera soy un “activo militante”, por lo que he
tratado de mantenerme por fuera de la discusión mediática que se ha generado en la semana
anterior. Pero, no puedo callar cuando veo y escucho que se cataloga en forma injusta un trabajo
al que nos dedicamos muy en serio por tantos años. Por otra parte, también nos compete la
responsabilidad política y profesional de aportar información que ayude a poner las cosas en su
lugar frente a conclusiones demasiado ligeras o simplificadas.
1.- De los ingresos y “la cuota política”
Durante la gestión que nos tocó integrar y en parte dirigir, entre el 2005 y 2019, el único ingreso
“político” fue el Secretario de la Delegación del Uruguay, como está previsto en el Reglamento
de la Delegación del Uruguay en CTMSG, aprobado por el Gobierno de Uruguay en la década del
60.
Salvo ese caso, NO HUBO OTROS INGRESOS DE CARÁCTER (O POR CUOTA) POLÍTICO. Quien
asevere lo contrario debe demostrarlo. Los demás ingresos a la plantilla de empleados
uruguayos fueron resultado de concursos o mecanismos de selección internos/externos sin
preguntarles a quien votaban en las elecciones.
Algunos datos que son comprobables y que constan en el Informe de Gestión de la Delegación
del Uruguay (período 2015-2019) entregado al Gobierno entrante en marzo de 2020:
Desde 2007 al 2019 se realizaron más de 260 concursos (RA y ROU) para cobertura de
vacantes
Ingresos de personas de nacionalidad uruguaya por concurso (2007-2019): 128
Ingresos por designación directa (2007-2019): 7, de los cuales solo uno fue de carácter político.
Empleados uruguayos enero 2005: 258
Empleados uruguayos enero 2020: 236
Se priorizó la calificación o formación del personal definiendo los perfiles necesarios
para cada vacante a ocupar. El nivel formativo promedio del personal ingresado en el
período es superior al del personal que se retiró en el mismo período
En la actual administración en cambio, puede comprobarse que (y son solo algunos ejemplos):
Aumentó la plantilla de personal uruguayo, en julio de 2021 eran 261
Al menos 34 personas han ingresado por designación directa, todos ellos con conocida
vinculación política con las autoridades de turno
Hubo casos de empleados con vínculos políticos y/o familiares con la Delegación y su
entorno que fueron beneficiados con ascensos a cargos creados especialmente (o sea,
que no existían antes)
Se anularon entre mayo y junio de 2020 procesos de selección de personal con
consultoras especializadas para ocupar vacantes de profesionales, que estaban en las
etapas finales en marzo de 2020 con los postulantes ya seleccionados, y se ocuparon
dichas vacantes en forma directa
Se eliminó o derogó la Resolución MCTM 002/18 (del año 2018) que establecía la
obligatoriedad de mecanismos de concurso o procesos de selección para TODOS los
cargos jerárquicos (vale decir que Uruguay desde el 2007 aplicó este mecanismo como
“norma”, pero no Argentina). Esto habilitó a permitir nuevamente la “discrecionalidad”
en la Delegación para la designación, marcando un claro retroceso en la
profesionalización necesaria en una empresa como la CTMSG
El gasto de personal aumentó para Uruguay en el año 2021 un 15,5% por encima de la
inflación
A la fecha se observa un retraso en la cobertura de vacantes técnicas, prioritarias para
la gestión del Organismo, pero en cambio se ha priorizado el ingreso de personal en
áreas nuevas, creadas sin definición de perfiles o cometidos específicos, con la excusa
del “desarrollo regional”. Un ejemplo: el equipo asignado directamente a la Delegación
del Uruguay era, en 2019 de 17 puestos, en 2023 es de 34… un 100% de aumento.
Etc., etc.
En suma, en la actual gestión, a valores de 2023, Uruguay debe financiar entre 70 y 80 millones
de pesos “extra” por año que corresponden a esas 34 personas ingresadas directamente y los
“ascensos” internos. La cifra es de mi responsabilidad en base a los montos salariales y no se
incluyen gastos adicionales como viáticos, horas extras y beneficios.
Por si fuera poco, un reciente cambio estatutario en junio 2023, otorga algo así como la
“inamovilidad” a los empleados de Salto Grande, estableciendo que solo será posible el despido
mediante un sumario por falta grave. Llama la atención que en un gobierno de claro signo
“liberal” se tome una medida de este tipo que no hace otra cosa que asegurar la estabilidad de
las personas que entraron a Salto Grande por cuota política y no por capacidades técnicas.
2.- De los retiros anticipados
En el período 2005-2009 se aplicó un plan de retiro anticipado con el principal objetivo de
optimizar y readecuar la plantilla. Significó un ahorro REAL para Uruguay porque se pasaba a
pagar un porcentaje del salario y se anulaba la vacante. Fue un proceso voluntario y que requería
el acuerdo de la línea jerárquica. No hay ninguna duda que fue un proceso beneficioso para
Uruguay y para Salto Grande.
En los períodos siguientes hubo algunos casos puntuales o dirigidos, de acuerdos de
desvinculación anticipada que, en caso de ser conveniente para la mejora de gestión y la
economía del país se llevaron adelante.
Los casos que se han hecho públicos recientemente y que vinculan a un delegado, a un asesor y
a el ex secretario general, deben ser analizados más por el procedimiento que por los montos
resultantes, aunque estos obviamente son importantes.
El caso de Carlos Gelpi: un empleado de Salto Grande, ascendido a un puesto de Asesor,
creado especialmente con la categoría más alta del organismo, en junio de 2020 y que
acordó un retiro anticipado en junio 2023, el que puede hacerse efectivo hasta el 1 de
enero de 2025, asegurándose una buena suma para el período posterior. Nadie sabe
que tareas hace esta persona como asesor, ni donde trabaja. Todo el mundo sabe que
es alguien con vínculos históricos con el Partido Nacional además de un empresario de
TV por abonados.
El caso del delegado Arcieri: empleado de Salto Grande desde los ‘90 fue designado
Delegado por el actual Gobierno. Este directorio, integrado por el propio Arcieri, aprobó
una modificación al estatuto de personal que le asegura al delegado, por ser funcionario
de CTMSG, que al momento de finalizar su mandato como delegado deberá optar por
un puesto de asesor con una categoría de las más altas del organismo o un retiro
anticipado similar al anteriormente descrito.
El caso del ex Secretario General: una semana antes de otorgar licencia sin goce de
sueldo a Nicolás Albertoni, entonces Secretario General de CTMSG que había ingresado
en 2020 también por designación directa, la CTM aprobó una (otra) una modificación
estatutaria que le garantiza que, cuando finalice su mandato como vicecanciller, deberá
optar por un puesto de asesor con una categoría superior a la que tenía antes como
secretario, o acogerse a un retiro anticipado similar a los anteriores. Vale la pena hacer
una aclaración a este caso, el Sr. Albertoni no ha dicho que vaya a utilizar el beneficio
otorgado por la CTMSG, pero llama la atención el momento en el que fue resuelto este
cambio al estatuto, más aún cuando los secretarios generales de la CTMSG son quienes
revisan y en algunos casos redactan las resoluciones que se envían al directorio.
3.- Por último
La prioridad en la gestión entre los años 2005 y 2019 estuvo puesta en: profesionalizar la gestión
(calidad de RRHH, optimizar la estructura, modernización de sistemas informáticos, etc.), poner
en valor la represa hidroeléctrica y el anillo de interconexión eléctrica con Argentina (se
invirtieron casi U$S 90 Millones entre ambos países en los 15 años y se lanzó el proyecto
Renovación Salto Grande que a través de un préstamo BID se propone renovar completamente
el complejo hidroeléctrico) y recomponer el vínculo social con las comunidades, apostando a la
cooperación institucional, buscando promover vínculos no paternalistas y cuidando los recursos,
pero sin dar la espalda a la región.
Podríamos hablar de otras cosas que se hicieron desde el 2005 en adelante, como por ejemplo
que se redujeron, por acuerdo entre ambos países, de 5 a 3 delegados las representaciones
nacionales en el directorio de CTM; o que los delegados del FA renunciaron a parte de su salario
para con los que crearon y financiaron a una fundación que ha contribuido al desarrollo local de
pequeños emprendimientos laborales, etc.; pero la lista se haría extensa.
Salto Grande es muy importante para el país por varias razones: genera un porcentaje muy alto
de la energía que Uruguay necesita, asegura la interconexión de 2000 MW con Argentina, regula
frecuencia del sistema eléctrico, mantiene más de 100 estaciones hidro meteorológicas aguas
arriba de la represa, contribuye a la gestión ambiental del sistema rio-lago, tiene un activo de
más de U$S 1000 millones y un largo etc.
Lamentablemente la lista de hechos que cuestionan la buena administración pública en la actual
administración es más extensa y abruma.
Como en todas las organizaciones, lo más importante son las personas que trabajan en el día a
día para hacer posible “el negocio”. Esa gente, la que aporta, la que tiene la camiseta puesta, es
la que se ve más afectada por este desprestigio producto de ambiciones personales y visiones
demasiado cortoplacistas y mezquinas. Ni hablar del daño que sufre el Estado por estas
actitudes.
Pero volviendo al principio, insisto, no hicimos lo mismo cuando nos tocó estar en ese lugar.
Reciban mis saludos.
Gabriel Rodriguez Fleitas
