Senadores blancos plantearán este martes que la ministra concurra de nuevo al Parlamento, y “cuanto antes”, para seguir explicando este caso. “Cuando tratamos este tema nos encontramos con mucho nerviosismo y una actitud muy misteriosa de parte de las autoridades”, dijo Lema.
Lo que comenzó como una tragedia familiar en octubre de 2023 y un caso judicial a partir de 2024, se convirtió en cuestión de pocos días en un conflicto político con el que debe lidiar la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Su cartera ya expuso en el Parlamento, el martes 5, algunas explicaciones sobre el caso de Soledad Barrera —una pediatra de 41 años que murió en una operación de rutina producto de la mala praxis en que incurrió una anestesista, que fue condenada por un homicidio culposo el 18 de diciembre de 2025—, pero deberá volver a hacerlo en el corto plazo, porque la oposición confirmará este martes sus intenciones de convocarla nuevamente para que ahonde en sus argumentos.
Lo que desencadenó que este drama alcanzara ribetes políticos fue una resolución que adoptó la propia Lustemberg en octubre del año pasado —pero conocida en estos días— al entender que era excesiva la sanción administrativa que había recaído contra la anestesista luego de una investigación que llevó adelante la Comisión Honoraria de Salud Pública. Su decisión fue que, en lugar de estar cinco años inhabilitada para ejercer como médica, deberían ser tres, y esto fue plenamente rechazado por los integrantes de la comisión honoraria, al extremo de que sus integrantes plantearon su renuncia a este ámbito en una carta dirigida a la ministra el 29 de abril.
En el Parlamento, Lustemberg sostuvo que, “asesorada”, no iba a cambiar de parecer ante esas renuncias y pese al reclamo de la oposición y la protesta de la madre de Barrera, Rosario, quien declaró públicamente no entender a la ministra, a la que además su hija tenía en “un pedestal” como colega de profesión.
En la comunidad médica también hubo reacciones varias, y en las últimas horas varios médicos firmaron una petición online —en la plataforma change.org— dirigida a la opinión pública y a la propia Lustemberg, en la que se solicita restablecer la sanción original.
“Quienes suscribimos esta petición, ciudadanos comprometidos con la seguridad de los pacientes y la calidad del sistema de salud uruguayo, solicitamos formalmente que se revea la decisión administrativa que redujo la sanción impuesta a la profesional”, sostiene la carta abierta, que a la fecha cuenta con la firma digital de unas 1.915 personas.
Lo que se pide es que la médica involucrada —condenada por la Justicia a dos años de libertad a prueba, con prisión domiciliaria nocturna durante los primeros ocho meses— cumpla los cinco años de inhabilitación “en atención a la gravedad de los hechos y a la condena penal firme existente”; que “se garantice la transparencia en los criterios utilizados para la reducción de sanciones en casos de mala praxis con resultado de muerte”; y, por último, “que se reafirme el compromiso del Estado con la protección de los pacientes y la jerarquización de la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud”.
“La muerte de Soledad Barrera no puede relativizarse. Su caso debe sentar un precedente claro: la vida de los pacientes es el bien máximo a proteger. Reducir sanciones en casos de esta magnitud envía un mensaje equivocado a la sociedad y al colectivo médico”,
concluye la misiva.
“Mucho nerviosismo”
Cuando sesione este martes la comisión de Salud Pública del Senado, los legisladores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy volverán a pedir una nueva convocatoria a Lustemberg para responder sobre esta polémica, y plantearán que se concrete “cuanto antes”. El caso de las renuncias a la comisión honoraria estuvo en realidad arriba de la mesa el martes pasado, pero la oposición no quedó conforme con las explicaciones de la jerarca.
“Cuando tratamos este tema nos encontramos con mucho nerviosismo y una actitud muy misteriosa de parte de las autoridades, desde la ministra hasta el resto del equipo que la acompañó”, dijo el senador Lema, consultado por El País. “Esto se dio al punto tal que la ministra, sin conocer las preguntas que íbamos a hacer, pidió que sus respuestas no quedara en actas: fue una misteriosa postura que nos sorprendió”.
De acuerdo a la versión taquigráfica de esa sesión, Lema consultó acerca del la comisión honoraria y la discrecionalidad política para cambiar “sus recomendaciones”. También pot la “cantidad de dictámenes por mala praxis de esta comisión honoraria actualmente” y cuántos de estos fueron modificados por el ministerio, y si “ante la renuncia del 70% de los integrantes de la comisión honoraria” se consideraba necesario “revisar la decisión adoptada”.
www.elpais.com.uy – Foto: Estefanía Leal.
