El ministro de Trabajo fue consultado por el proyecto de ley que aprobó el Senado para cubrir parte de los créditos laborales de los extrabajadores de la mutualista y dijo que “está en análisis” del Poder Ejecutivo la posibilidad de vetarlo.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue consultado por el proyecto de ley que aprobó el Senado para cubrir parte de los créditos laborales de los extrabajadores de Casa de Galicia y dijo que “está en análisis” del Poder Ejecutivo la posibilidad de vetarlo.
El tema está, sobre todo, vinculado a los recursos, afirmó el secretario de Estado. “Desde el punto de vista de la solución para la reinserción de los trabajadores las normas que se aprobaron están acorde a derecho”, dijo el jerarca este miércoles en rueda de prensa. “No hay ninguna cuestión de inconstitucionalidad, pero está en análisis”, añadió.
Pese a esto, Mieres consideró: “Creo que lo mejor hubiera sido que se votara de acuerdo a la propuesta que había hecho el Poder Ejecutivo, que era muy razonable y posible”. Y luego, aclaró: “Todavía no hay una decisión sobre cómo se va a operar”.
La Cámara Alta aprobó este martes de manera definitiva, por 19 votos en 20, el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio para cubrir parte de los créditos laborales de los extrabajadores de la mutualista. La votación fue acompañada por dos legisladores blancos y uno de ellos, Sergio Botana, dijo que espera que el presidente Luis Lacalle Pou no vete la iniciativa. Además, contó con el respaldo de tres legisladores cabildantes y uno del Partido Colorado.
“Voté el proyecto porque es de estricta justicia. Hay 2.000 trabajadores y sus familias involucradas que son ajenas a la problemática en la que ha habido intervenciones del estado”, justificó el dirigente colorado Germán Cardoso.
La ley incluye los créditos laborales postconcursales como sueldos o jornales, licencias, aguinaldo e indemnización por despido legal, por un máximo equivalente a las 105.000 Unidades Indexadas, que deberán ser abonadas en un único pago en un plazo máximo de 180 días de promulgada la ley. Tendrá un costo de unos US$30 millones contra los US$8 millones propuestos por el Poder Ejecutivo.
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