Nunca pensé poner un título tan duro en una nota sobre frenteamplistas. Pero esta vez le cabe al Gobierno Departamental, que constitucionalmente es ejercido por el Intendente y la Junta Departamental. Los artículos 273 y 274 de la Carta Magna, determinan las funciones y facultades que cada órgano debe ejercer; por tanto los resultados de la mayoría de sus actuaciones son de responsabilidad compartida. Tal el caso de otorgamiento de terrenos (derechos de uso sobre ellos, pero no propiedad), que ha estado ejecutando el intendente, y que la Junta Departamental, por mayoría ha avalado. La votación de casi toda la bancada del Frente Amplio, con conocimiento y apoyo de la Mesa Política Departamental del partido de gobierno, negó la posibilidad de un análisis del legislativo en el tema. Haber impedido la formación de una comisión investigadora de esos actos discrecionales, por votos frenteamplistas, ha transformado a los ediles en garantía política y ética de la gestión del intendente, y por tanto corresponsables.
He sido una de las personas que ha rechazado con mayor fervor la política de clientelismo practicada por el gobierno nacional en la CTM. He aplaudido la decisión del Parlamento Nacional, de exigir (sin peso legal), la renuncia de quienes entraron a dedo en Salto Grande. Fueron colocados por Albisu yCoutinho, sin concursos ni otros méritos que ser referentes blancos y colorados. He reclamado por el incumplimiento del mandato parlamentario de parte de políticos/as colorados/as y blancos/as, que se mantienen en sus cargos. Puedo entender que el pedido de una preinvestigadora departamental, para estudiar supuestas infracciones en la entrega de terrenos, pueda ser una venganza contra el Frente. Pero aunque los denunciantes no tengan las manos limpias, tampoco se lavan las del gobierno negándose a investigar.
El ejecutivo y su bancada de ediles han escrito una página embromada para el Frente Amplio. Sólo los desideologizados o quienes se aprovechan de los bienes públicos, pueden estar de acuerdo. El Frente nació hace cinco décadas para cambiar la política nacional, y lo ha estado logrando. Sin ir más lejos, en Salto tuvo que llegar el primer gobierno frenteamplista en 2005, para que se aplicara el decreto del Estatuto del Funcionario Municipal nacido en 1955, que marca qué cargos se designan directamente, cuáles por concurso y cuáles por sorteo.
Esta negativa a investigar cómo se entregaron y entregan esos lotes propiedad de la Intendencia, da derecho a que se piense que “todos los políticos son iguales”… Y no es así: la política del Frente Amplio es diferente, quienes no la cumplen, se apartan de la Fuerza.
No se crea que prometer dar propiedad de solares (que ni siquiera existían en el Catastro de Salto) es un gesto de bondad o legalidad. Debe hacerse socialmente, pero respetando las normas sin mirar colores y sin condicionamientos externos.
Lo que sucedió en el Gobierno Departamental (Intendencia y Junta) no es apoyado por todos los frenteamplistas. La mayoría aplaudimos al edil Gabriel Scabino, que argumentó seriamente en contra y se retiró.
Que la actitud del gobierno, no cueste el futuro…
