El director de la OPP agregó que esto constituye “un mandato ético” para el gobierno.
El gobierno avanza en la incorporación de cambios al sistema de protección social que quedarán plasmados en la próxima Rendición de Cuentas. Así lo anunció este martes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quien destacó en la conferencia de prensa que se realizó tras el Consejo de Ministros que varias de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social comenzarán a traducirse en medidas concretas, con especial énfasis en la infancia, la adolescencia y los sectores más vulnerables.
Arim comenzó su exposición repasando el proceso que derivó en la elaboración del documento presentado al presidente de la República, Yamandú Orsi. Señaló que el diálogo social fue lanzado el 16 de junio de 2025 y que, en ocho meses, implicó “más de 30 conversatorios en los 19 departamentos del país”, junto con “más de 100 exposiciones en seminarios” y “66 audiencias” con actores de la sociedad civil y referentes locales. A esto se sumaron “56 propuestas recibidas en plataformas digitales”.
El jerarca destacó la amplitud de la participación y agradeció a los distintos sectores involucrados, entre ellos cámaras empresariales, el Pit-Cnt, organizaciones sociales y partidos políticos. Según explicó, este proceso evidenció tanto acuerdos como discrepancias. “Una democracia no festeja las unanimidades, festeja la capacidad de intercambio”, afirmó, aunque subrayó que hubo un consenso clave.
En ese sentido, indicó que todos los actores coincidieron en priorizar a la infancia y la adolescencia dentro de la política social. “Hay un acuerdo muy relevante (…) todos los actores han priorizado la infancia y la adolescencia como una población que debemos privilegiar”, sostuvo, y agregó que esto constituye “un mandato ético” para el gobierno.
A partir de esa base, Arim anunció que varias recomendaciones serán incluidas en la próxima Rendición de Cuentas. Entre ellas, destacó la intención de “unificar el sistema de transferencias dando mayor flexibilidad, mayor simplicidad y mayor justicia”, así como mejorar los montos de las prestaciones dirigidas a la infancia, que “deben ser crecientes según la necesidad y los ingresos de los hogares”.
También se prevé implementar beneficios adicionales de forma gradual, especialmente para la primera infancia —niños de 0 a 3 años— y mujeres embarazadas. “Este conjunto de compromisos (…) van a ser recomendaciones que van a estar incorporadas en el proyecto de ley de rendición de cuentas del presente año”, afirmó.
El director de la OPP remarcó que el énfasis en infancia y adolescencia ya había sido definido como prioridad en el presupuesto quinquenal, donde “el 40% de los recursos incrementales” se destinó a este grupo. En esa línea, detalló una serie de medidas vinculadas al sistema de cuidados y educación, como la expansión de servicios, la universalización de la atención a los 3 años y el aumento de cobertura para niños de 0 a 2 años.
Asimismo, mencionó la duplicación de centros educativos con modalidades de tiempo extendido, el fortalecimiento de la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad y la ampliación de licencias para cuidados, con incentivos para una mayor participación de los padres.
Arim aclaró que los cambios en el sistema de transferencias serán graduales, dado su alcance estructural. “Van a ser graduales porque implican cambios de magnitud”, explicó, y añadió que se incorporarán progresivamente nuevas generaciones de niños. En ese marco, recordó que en 2025 nacieron 28.900 niños en Uruguay, frente a los 48.900 de una década atrás.
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