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Sr. Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi; Sr. Intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu; autoridades de la Central Hortícola del Norte, Sr. Javier Texeira y Cr. Martín de Abreu; señores Ediles de la Junta Departamental de Salto; representantes de los medios de prensa y ciudadanía salteña:
Los operadores históricos del Mercado del Norte comparecemos públicamente con preocupación fundada, pleno respeto institucional y la firme necesidad de ser escuchados en el marco de un Estado de Derecho que ampara y protege nuestras legítimas expectativas.
Hace 30 años que estos operadores desarrollan su actividad en los galpones ubicados en esta zona de la ciudad de Salto, sosteniendo con esfuerzo constante una tarea comercial y productiva que forma parte de la historia económica y social de nuestro departamento.
Tres décadas de trabajo ininterrumpido, sin subsidios, generando empleo y movimiento económico genuino. Detrás de cada operador existen familias, trabajadores, inversiones consolidadas y fuentes laborales que merecen seguridad jurídica y trato respetuoso por parte de las instituciones.
El pasado miércoles a las 10 horas trasladamos formalmente nuestra posición a las autoridades de la Central Hortícola del Norte, ante la ausencia de respuestas concretas y de contratos para los operadores presentes. Asimismo, el miércoles 20 en la noche mantuvimos
reuniones con distintas bancadas de la Junta Departamental, exponiendo la incertidumbre existente y la necesidad de garantías claras antes de cualquier decisión definitiva. Al día de la fecha, la Junta aún no se ha pronunciado sobre los planteos formulados.
Queremos dejar expresamente establecido que ninguno de los operadores representados ha confirmado puesto en la Central Hortícola del Norte, y que ninguno ha suscrito contrato alguno con la Intendencia de Salto. Recién el día de ayer jueves, a las 17 horas, se concurrió por primera vez a observar el predio y evaluar las condiciones reales existentes. Por tanto, no existe al día de hoy resolución adoptada por nuestros representados, ni acuerdo alguno alcanzado en esta instancia ni bajo las condiciones actuales.
Quien les habla, Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti, junto a nuestro equipo profesional, ha sido designado por estos diecisiete operadores para brindar respaldo y seguridad jurídica en este proceso, procurando que cualquier resolución se adopte con transparencia, información clara y pleno respeto a los derechos e intereses legítimos involucrados
No nos oponemos al progreso ni al funcionamiento de la Central Hortícola del Norte. No somos enemigos del desarrollo. Lo que solicitamos es algo elemental en cualquier Estado de Derecho: garantías concretas, igualdad de trato, debido proceso administrativo y, sobre todo, ser escuchados en forma adecuada y oportuna.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
• Artículo 8 de la Constitución: consagra la igualdad ante la ley; no puede existir discriminación entre operadores según su antigüedad, volumen o afinidad con las autoridades de turno.
• Artículo 36 de la Constitución: garantiza la libertad de trabajo y la libertad de industria y comercio, derechos que solo pueden ser limitados por razones de interés general y mediante procedimientos legalmente establecidos.
• Artículo 7 de la Constitución: protege el derecho al trabajo como uno de los derechos inherentes a la personalidad humana que el Estado tiene el deber de amparar.
• Artículo 72 de la Constitución: refuerza que la enumeración constitucional no excluye otros derechos inherentes a la persona o derivados de la forma republicana de gobierno.
• Ley N.° 20.052: impone al Estado el deber de fomentar y proteger la producción nacional y a quienes la sostienen.
• Decreto 500/991 (Procedimiento Administrativo): establece el derecho de los administrados a ser oídos, a conocer los fundamentos de las decisiones que los afecten y a contar con plazos razonables para expedirse.
• Principio de confianza legítima: reconocido por la doctrina y jurisprudencia administrativa uruguaya, ampara a quienes durante décadas desarrollaron su actividad bajo determinadas condiciones institucionales y no pueden ser desplazados de manera abrupta sin una solución equivalente y justa.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y LLAMADO A LA ALTURA INSTITUCIONAL
En este punto, nos dirigimos con claridad y sin estridencias al conjunto del espectro político responsable de esta situación. Al Sr. Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, le recordamos que la seguridad jurídica no es un valor abstracto: es el fundamento sobre el que descansan el trabajo, la inversión y la confianza ciudadana en las instituciones. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se imparten orientaciones y se fijan prioridades que deben reflejar el compromiso con quienes producen y trabajan sin amparo de subsidios ni privilegios.
Al Sr. Intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, como principal autoridad departamental y responsable directo de este proceso, le solicitamos que ejerza su función con la altura política que el cargo exige y con la sensibilidad humana que la situación demanda. Una Intendencia no puede avanzar sobre los derechos de sus vecinos sin diálogo genuino, sin garantías documentadas y sin igualdad de condiciones para todos los involucrados.
El liderazgo institucional se mide precisamente en momentos como este. A los señores Ediles de la Junta Departamental, en su rol de órgano de contralor departamental y representantes directos de la ciudadanía salteña, les recordamos que su silencio también es una posición.
Les instamos a pronunciarse con responsabilidad, a exigir transparencia en el proceso y a actuar como garantes de los derechos de estos trabajadores y familias que son, también, sus representados.
A todos ellos, sin distinción de partido ni de posición política, los convocamos a resolver esta situación con altura política, sentido de Estado y, sobre todo, con espíritu fraterno. No existe contradicción entre el desarrollo institucional y el respeto a quienes durante décadas construyeron con su trabajo el tejido económico y social de Salto. La grandeza de un gobierno no se mide únicamente por las obras que inaugura, sino también por la forma en que trata a los más vulnerables ante el poder.
La fraternidad republicana no es retórica: es compromiso con el otro, especialmente cuando ese otro no tiene más recurso que su trabajo y su voz pública.
Quienes durante 30 años sostuvieron esta actividad en Salto, sin subsidios, generando empleo y movimiento económico genuino, merecen respeto institucional y condiciones equitativas. No pedimos privilegios: pedimos igualdad de condiciones para seguir
trabajando.
Estaremos a la espera de una respuesta clara, concreta y ajustada a derecho, acorde a los planteos formalmente realizados. Priorizamos el diálogo y la solución negociada. Sin embargo, ante la ausencia de respuestas satisfactorias, nos reservamos el ejercicio de todas las
acciones legales y administrativas que el ordenamiento jurídico pone a disposición de nuestros representados para la tutela de sus derechos.
Salto, mayo de 2026.
