El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para liquidar la empresa, lo que se propuso el anterior gobierno en mayo de 2018.
El directorio de UTE tomó dos resoluciones este jueves: enviar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la auditoría sobre Gas Sayago, que también será presentada en Fiscalía; y contratar al abogado penalista Jorge Barrera, informó la periodista Viviana Ruggiero en su cuenta de Twitter y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la empresa estatal.
Además, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para liquidar Gas Sayago, un consorcio de UTE y Ancap que fue creado en 2013 para la construcción de una terminal regasificadora, cuyas obras quedaron paralizadas en 2015.
Tres años más tarde, en mayo de 2018, el gobierno de Tabaré Vázquez decidió liquidar la empresa, lo que formalmente sucederá si el Parlamento aprueba el proyecto enviado en las últimas horas desde Torre Ejecutiva.
Barrera, diputado colorado entre los años 2000 y 2005, y presidente de Peñarol entre 2017 y 2020, es abogado egresado de la Universidad de la República, donde también obtuvo el título de licenciado en Relaciones Internacionales. Además, es Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral de Argentina, y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Montevideo y en otras universidades de la región.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, presentó este martes en conferencia de prensa los resultados de la auditoría externa realizada por PWC con respecto al proyecto de la planta regasificadora. “En los informes se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio”, aseguró Emaldi.
“A pesar de ello se difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la recisión por incumplimiento del contrato principal”, agregó.
La presidenta de UTE comentó que “si bien Gas Sayago es una sociedad anónima su capital es 100% púbico. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas, UTE y Ancap”. Emaldi sostuvo que entre las conclusiones del informe se dio cuenta de que “el emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuáles se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado, a través de UTE y Ancap y con los 100 millones de dólares antes mencionados”.
“Esta suma no es final, primero deben agregarse las eventuales condenas, ya que Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones dólares”, sostuvo. Además, dijo que “se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, lo cual está estimado en ocho millones de dólares”. En ese sentido, recordó que a esto se suman “los tres millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la sociedad mientras dure su liquidación” y “los gastos directos de UTE y Ancap que no figuran en la contabilidad de Gas Sayago”.
“Se llega a estas cifras de pérdidas por mantener un proyecto inviable”, señaló Emaldi. Además, hizo referencia a que “la clave para la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina” y que “el proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable”.
Emaldi dijo que “se sobredimensionaron los ingresos” y “se subestimaron los egresos, lo que generó un grave daño patrimonial al Estado”. Por último, el directorio de UTE aprobó el informe de gestión de Gas Sayago y decidió ponerlo a disposición de Fiscalía. Los resultados de la auditoría se presentarán en los próximos 10 días.
Montevideo Portal
