Las razones por las cuales un funcionario público puede ser sumariado son de lo más variadas, aunque solo una pequeña proporción –cuando se constatan faltas gravísimas– culmina con la destitución, según consigna un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) publicado a fines de octubre.
Los datos del organismo encargado de los recursos humanos del Estado indican que entre 2017 y 2018 se iniciaron 3.981 sumarios en toda la administración pública (exceptuando al personal militar, que no está incluido en el informe), de los cuales 2.190 (55%) se completaron antes de iniciado el 2019. De esos 2.190 concluidos, solo 232 (10,6%) culminaron con la destitución del funcionario. Y de esas 232 expulsiones, la mitad (118) fueron en el Ministerio del Interior.
Si solo se contempla la administración central, en el bienio abarcado por el informe se completaron 1.028 sumarios: más de la mitad (53,2%) culminaron con una suspensión, uno de cada cinco (21,2%) terminó sin sanción, y 13% con desvinculación.
En el resto del Estado (servicios descentralizados, entes y Poder Judicial) se completaron 1.162 sumarios: las suspensiones representaron el 63,2% (734 casos), el 16,4% de los procesos culminó sin sanción (190 casos) y las desvinculaciones fueron el 8,4% (98 casos).
Policías y delitos
Los sumarios en el Estado son iniciados por diferentes razones. El “incumplimiento en el deber funcional” –que incluye negligencia, omisiones en el deber de asistencia, errores en el cumplimiento de la tarea, conductas personales inadecuadas, acoso laboral y otros incumplimientos que no corresponden al ámbito penal– representa la vasta mayoría de los procedimientos iniciados. De los 3.981 sumarios que se abrieron entre 2017 y 2018, 2.998 (75,28%) correspondieron a esa categoría.
Según la información de la ONSC, siete de cada diez (70,26%) de los sumarios iniciados por esas causas fueron realizados en el Ministerio del Interior. Esa cartera tenía 31.474 trabajadores al cierre de 2018, lo que representaba 10,5% del total de los funcionarios públicos.
CAMILO DOS SANTOS
Al Ministerio del Interior, donde se abrieron 515 sumarios por posibles delitos en el bienio, lo siguieron la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con 62 y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con 37. Ambos organismos también tienen un alto número de funcionarios (89.980 y 25.501 respectivamente al cierre de 2018).
El informe indicó que “se considera presunción de ilícito cuando la falta cometida puede dar lugar a una denuncia e investigación penal”. En paralelo, el organismo puede iniciar su propio proceso de investigación mediante vía administrativa y determinar una sanción correspondiente. Por su parte, el funcionario con sentencia de condena es aquel a quien la justicia inició una investigación y lo procesó “a fin de dilucidar la responsabilidad”, detalló el documento.
Los delitos por los que se abren más sumarios en el Estado son aquellos agrupados en el Código Penal bajo el título “delitos contra la personalidad física y moral del hombre”, que incluye lesiones, violencia doméstica, riña, difamación e injurias.
A esa categoría corresponden el 36,8% (270) de los sumarios iniciados en el Estado por delitos entre 2017 y 2018.
En segundo lugar están los delitos contra la propiedad, que en el Código Penal incluye hurto, estafa, daño a la propiedad y plagio. Esa categoría representa el 18,3% (134) de los sumarios por delitos.
En tercer lugar están los delitos contra la administración pública, representando el 15,3% del total (112).
Entre 2017 y 2018 hubo 26 sumarios por delitos contra las buenas costumbres (que según el Código Penal incluyen desde atentado violento al pudor hasta abuso sexual), seis sumarios por tráfico de estupefacientes, uno por tráfico de personas, uno por abigeato y otro por faena clandestina.
El informe no especifica cuántos de los sumarios iniciados por presunción de delitos culminaron con sanciones o expulsiones.
Los 3.981 sumarios iniciados entre 2017 y 2018 abarcaron a 3.576 funcionarios, ya que 358 tuvieron más de uno: incluso hubo casos excepcionales con cinco o seis sumarios iniciados en ese lapso, de acuerdo al informe, que destaca una “mejora” en la cantidad de procedimientos finalizados con respecto a años anteriores, en los que el promedio de sumarios concluidos “no superaba el 25%”.
La ley 19.121, del estatuto del funcionario público, establece que los procedimientos “se clausurarán si la Administración no se pronuncia sobre el fondo del asunto en el plazo de dos años, contados a partir de la resolución que dispuso la instrucción del sumario”, con ciertas excepciones que ameritan ampliar el plazo.
Si bien el informe da cuenta de 232 destituciones por sumarios en el bienio, por otra parte la ONSC registra que entre 2017 y 2018 hubo un total de 787. De acuerdo a lo informado por el organismo, la diferencia se explica por tres motivos: en primer lugar, el informe no incluye a los militares destituidos; segundo, se toman solo los sumarios iniciados en esos años; tercero, el conteo depende de que cada dependencia eleve adecuadamente los números. Parte del trabajo que se propone la ONSC de aquí en adelante consiste en mejorar la recolección de los datos y su sistematización.
