Denunció al exministro Jorge Basso por desacato en 2019 y se enfrentó a la administración Batlle por la búsqueda de Elena Quinteros en 2003.
El juez en lo Civil Alejandro Recarey es por estas horas foco de la agenda pública debido a la decisión que tomó de exigir al gobierno información para transparentar varios aspectos de las vacunas contra el covid-19.
Recarey, que habitualmente se desempeña como titular del Juzgado Civil de 9no. Turno, resolvió como juez subrogante (de feria) en lo Contencioso Administrativo obligar al gobierno y a Pfizer a otorgar en un plazo de 48 horas información clave sobre las vacunas. El recurso de amparo que motivó el fallo judicial tenía como objetivo suspender la administración del fármaco en niños. Las consultas que realiza el juez —desde los contratos de compra y sus cláusulas, hasta la composición de las vacunas y sus implicancias— tienen como fin la “instrucción probatoria”, manifiesta Recarey en la resolución.
Quienes tratan con él en su cotidianeidad lo describen como un juez con un especial “sentido de justicia”. Cuando debe resolver juicios al Estado, dicen, “va para adelante”. En particular, en los reclamos por medicamentos caros ha resuelto, en muchos casos, condenar a los distintos organismos a otorgar el fármaco al paciente.
En aquella oportunidad, dijo durante una de las audiencias que era una “vergüenza” que las autoridades del MSP hubieran querido hablar con él puertas afuera, sugiriendo que habían querido presionarlo.
Varios años atrás, Recarey también estuvo en medio de una polémica. En 2003, durante la presidencia de Jorge Batlle, Recarey suplía al juez penal Eduardo Cavalli, que investigaba dónde estaban los restos de la militante anarquista Elena Quinteros. En noviembre de ese año Recarey dispuso que se detuviera “cualquier tipo de obra” que alterara el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería Nº 13 y pidió información a varios ministerios sobre movimientos realizados allí durante la dictadura. También ordenó el cierre de fronteras para tres militares a los que había citado a declarar y ordenó a la Policía que los llevara a responder sus preguntas. Ante el incumplimiento de las autoridades policiales, Recarey exigió respuestas al Ministerio del Interior.
Tiempo después, Recarey fue trasladado del ámbito penal al civil.
¿Anti pandemia?
Durante la emergencia sanitaria, el juez Recarey se negó a hacer las audiencias por videoconferencia, y a pesar de lo dispuesto por el Poder Judicial, mantuvo estas instancias presenciales.
En una resolución fechada el 20 de abril de 2021, Recarey fundamentó que llevar a cabo las audiencias de forma virtual era “inconveniente” por varios motivos. “Ello desde que menoscaba al menos dos principios básicos del juicio oral (inmediación y dirección del proceso). Y, también, por cuanto no presenta acabadas garantías de seguridad”, dice el documento.
Por otra parte, Recarey se mantuvo reacio a usar tapabocas en las audiencias, según contaron abogados a Montevideo Portal, aunque en estas aclaraba que si alguien lo requería por motivos de salud él estaba dispuesto a colocárselo.
Consultado acerca de su postura acerca de la pandemia y si se ha vacunado, Recarey respondió a Montevideo Portal que son “datos personales” y declinó hacer comentarios al respecto.
El último fallo de Recarey fue celebrado por Gustavo Salle, quien se ha embanderado en contra de las vacunas y las disposiciones del gobierno para prevenir los contagios de coronavirus.
Fallo historico en Uruguay, un verdadero "Maracanazo judicial";Juez ordena al Gobierno mostrar contrato de las vacunas y múltiples medidas investigativas, como por ejemplo, declaración de autoridades de Pfizer. Video explicativo del fallo del Juez Recarey https://t.co/35tSe599CP
— Dr. Salle Lorier (@sallelorier) July 2, 2022
Montevideo Portal – Gastón Britos / FocoUy
