José Olivera entregó la documentación, expuso, respondió las preguntas de los legisladores del partido de coalición de izquierda y se retiró.
El Parlamento tendrá que definir, la semana que viene, si extiende o no las labores de la comisión que investiga las licencias irregulares de los profesores sindicalizados de los liceos. Para el Frente Amplio “no amerita seguir discutiendo el tema” pues, en base a la documentación recibida, ya se desmontó “la carpa de circo” que se había instalado. Para el oficialismo, en cambio, las faltas se justificaron en base a una normativa que no existe y podrían caber responsabilidades.
Ayer compareció ante la comisión investigadora el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera. Fue acompañado de la secretaria del sindicato, Alejandra Vespa, pero a esta se le prohibió el ingreso a sala. Según los legisladores de la coalición, esto se debió a que se trata de una investigación que interroga a testigos individuales y no en representación de un colectivo.
Olivera expuso durante algo más de dos horas y media cómo habían sido las negociaciones que reglamentan los fueros sindicales, desde hace 15 años, y que la responsabilidad de la justificación de las faltas no es del sindicato, pues quien firma la autorización de inasistencia es el director de cada centro educativo. En definitiva: el representante sindical argumentó que el acta 90 da lugar a excepciones para la toma de horas para labores sindicales y que, de existir una interpretación errónea de esa normativa, la responsabilidad no es de Fenapes ni sus integrantes.
Felipe Schipani, el legislador colorado que lidera la investigación, entiende que el artículo 70/10 del estatuto docente, por el cual se les habrían justificado faltas no permite hacer esto y que así lo dejó en claro la exdirectora de Secundaria, Celsa Puente, cuando fue a la investigadora.
Pero más allá de la interpretación que pueda hacerse sobre el quid de la cuestión, la sesión de ayer provocó que el oficialismo y la oposición brindaran, por separado, conferencias de prensa. Y ambos interpretaron, por distintas razones, lo mismo: que hubo un atropello a la democracia.
Resulta que Olivera entregó la documentación, expuso, respondió las preguntas de los legisladores del partido de coalición de izquierda y se retiró. El diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, se enojó y pidió que se anulara la sesión y se borrara la versión taquigráfica porque no estaban dadas las garantías.
Los legisladores llamaron a un cuarto intermedio y le explicaron a Lust que, a diferencia del trabajo de la Justicia ordinaria, el Parlamento no tiene la posibilidad de invalidar una comparecencia por incumplirse el debido proceso.
En conferencia de prensa, la legisladora frenteamplista Lilián Galán dijo: “Es inédito que en esta comisión se haya pedido borrar las versiones taquigráficas y se haya dicho que esta comparecencia no tendría que aparecer. Querer hacer como que nunca hubiera existido. Eso nos parece inédito y antidemocrático en la historia de este Parlamento”.
En la otra conferencia, la brindada por el oficialismo, el legislador colorado Gustavo Zubía señaló que la sesión de ayer dejó “estupor, vergüenza y (la posibilidad de) entender que las cosas son como se están sospechando: el dirigente de Fenapes, luego de haber contestado las preguntas de los legisladores frenteamplistas, decidió irse sin responder una sola pregunta de los legisladores del oficialismo… eso es una vergüenza”.
Olivera dijo que se retiró de sala porque “ya habían aguantado demasiado” y que el diputado denunciante (Schipani) demuestra un “uso intencional” del término “certificados falsos”, de los cuales Fenapes no puede ser responsable porque “no es un organismo público”.
Schipani le retrucó diciendo que “no se está investigando a una entidad privada, lo que está investigando son hechos presuntamente irregulares en los que participaron funcionarios públicos que ejercen la tarea docente y que casualmente integran un sindicato”.
Diario El País
