Un presupuesto que puso el derecho a la vivienda como prioridad
Esta columna forma parte del ciclo de defensa del presupuesto nacional recién aprobado, un presupuesto que refleja los compromisos de los primeros meses del nuevo gobierno y que terminará de ser votado en la Cámara de Diputados en los próximos días. Cada área del Estado está mostrando con claridad qué país queremos construir. Y en esa visión hay una certeza compartida: la vivienda es un derecho que debe estar garantizado para todas y todos.
Cuando hablamos de vivienda, hablamos de vida. Hablamos de la tranquilidad de una madre que sabe que sus hijos dormirán bajo un techo seguro; hablamos de la dignidad de un trabajador que puede llegar a su hogar al final de la jornada; hablamos de la esperanza de jóvenes que sueñan con su primer apartamento. La vivienda no es un lujo ni una mercancía más: es un derecho humano, y este gobierno lo ha puesto en el centro de su plan de acción.
El Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 2025–2029, presentado en Presidencia con la presencia del presidente Yamandú Orsi, ministros, parlamentarios, intendentes y organizaciones sociales, traza un camino contundente. No se trata solo de construir casas: se trata de construir futuro, combatir desigualdades desde la raíz y ordenar el territorio para que el presupuesto nacional diga con claridad aquello que siempre defendimos: primero la gente.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), bajo la conducción de la ministra Tamara Paseyro, organizó este plan en cinco grandes ejes, verdaderas columnas que sostienen un Uruguay más justo.
1. Emergencia habitacional y vulnerabilidad social
El primer eje pone el foco donde debe estar: en quienes viven en los más de 660 asentamientos del país, familias que enfrentan precariedad extrema, ausencia de saneamiento, hacinamiento o riesgo permanente de perder el techo que hoy tienen. El plan proyecta 20.000 acciones sobre el stock habitacional existente. No hablamos de números: hablamos de 20.000 vidas que pueden cambiar para siempre.
Aquí también están incluidos jóvenes que egresan de INAU o INISA, personas en situación de calle y mujeres que requieren protección frente a la violencia basada en género. Destaco especialmente el programa Crece desde el pie, que integra salud, protección social y vivienda para madres embarazadas y recién nacidos en contextos vulnerables. Ya está en marcha y encarna lo mejor de la política pública: abrazar la vida desde sus primeros pasos.
2. Acceso y permanencia en la vivienda
El segundo eje llega a otra realidad: familias con ingresos regulares que, aun así, quedan fuera del sistema financiero formal. Jóvenes que trabajan, que ahorran, pero que sentían la casa propia como un sueño lejano.
Para ellos está Primera Vivienda, que reduce el ahorro previo y permite créditos de hasta el 95% del valor del inmueble. Es la diferencia entre el “alquiler eterno” y la estabilidad de un hogar propio. Se estima que más de 4.000 hogares accederán al programa.
A esto se suma el impulso del alquiler social, que beneficiará a más de 6.000 familias, y el fortalecimiento de la autoconstrucción asistida y el cooperativismo, pilares históricos que combinan esfuerzo propio, ayuda mutua y presencia del Estado.
En total, este eje prevé más de 16.000 soluciones habitacionales entre nuevas construcciones y unidades en ejecución.
Seguiremos en otra columna, profundizando en este aspecto jerarquizado en el presupuesto y en el primer año de gobierno.
