Desde el Parlamento, manifestamos con claridad la legitmidad de la herramienta legal, legítima, ajustada a derecho de la negociación colectiva como vía de reconocimiento de los vinculos laborales tanto en la actividad pública como privada. Seguimos de cerca la realidad de casi 300 familias salteñas que hoy ven comprometido su sustento, su estabilidad y su futuro. Como diputado por Salto, he defendido y seguiré defendiendo las fuentes de trabajo, convencido de que no puede haber desarrollo sin respeto por los derechos laborales y sin poner en el centro la dignidad de las familias trabajadoras.
Este compromiso no es solamente político, sino también jurídico y ético. El Estado uruguayo tiene deberes y obligaciones internacionales en materia de derecho internacional público, particularmente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece con claridad la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social con los sindicatos. Lo que está en juego no es solo la situación de casi 300 familias salteñas afectadas, sino el respeto por un marco de convivencia y garantías que el Uruguay ha asumido ante la comunidad internacional. Hay que recordar que todos los tratados internacionales ratificados por Uruguay se equiparan y son vinculantes para el Estado.
Nuestra defensa de las familias trabajadoras de Salto también se ha expresado en la lucha por la protección de las fuentes de empleo vinculadas a los comercios de frontera. Hemos trabajado por mantener el régimen de devolución del IMESIen un 40%, porque sabemos que este instrumento es fundamental para sostener la competitividad y los puestos de trabajo en un departamento que vive la realidad de la frontera. En esa misma línea, esta semana tendremos una reunión con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, para seguir avanzando en medidas que aseguren estabilidad a los comercios y a las familias que dependen de ellos.
Al mismo tiempo, hemos respaldado y promovido el programa Uruguay Impulsa Trabajo y Capacitación, que ofrece nuevas oportunidades laborales y formación a quienes más lo necesitan. Este esfuerzo tiene un denominador común: poner en el centro a las familias de los trabajadores de Salto. Porque no hablamos solo de números, hablamos de hogares, de sueños, de la vida de nuestra gente. Por eso hacemos público nuestro desacuerdo y rechazo al anuncio de la medida que adoptaría la Intendencia de Salto y reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, acompañando con propuestas y acciones concretas que sumen valor al futuro del departamento.
