El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no es simplemente un acuerdo arancelario. Es, ante todo, una definición estratégica sobre el lugar que queremos que ocupen nuestros países en el mundo durante las próximas décadas. En un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas, nuevas reglas comerciales y una competencia cada vez más intensa por los mercados, dar este paso implica asumir con madurez que el desarrollo no se improvisa: se planifica, se negocia y se construye con visión de largo plazo.
Para Uruguay —y para el conjunto del Mercosur— el acuerdo con la Unión Europea representa acceso preferencial a un mercado de más de 400 millones de personas, con alto poder adquisitivo y estándares exigentes. Esto abre oportunidades concretas para nuestras cadenas agroindustriales, para la industria alimentaria, para el sector forestal, para los servicios globales y también para nuevas áreas vinculadas a la innovación y la economía verde.
Pero sería un error reducir el debate a una suma de exportaciones. Este tratado también supone reglas claras, previsibilidad jurídica y un marco moderno en materia de compras públicas, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. En tiempos donde proliferan las barreras encubiertas y el proteccionismo selectivo, consolidar un vínculo estable con uno de los principales bloques económicos del planeta es una señal de confianza hacia nuestros productores y hacia los inversores.
Ahora bien, ningún acuerdo comercial es neutro. Genera oportunidades, pero también desafíos. Por eso resulta especialmente acertada la decisión de la Cancillería de desplegar un proceso de consultas amplio con los sectores productivos y sociales en el interior del país. Así nos lo señaló el propio equipo del Ministerio en su reciente comparecencia ante la Comisión Especial del Senado de Análisis de este acuerdo, que invitó a las comisiones de relaciones internacionales y hacienda de Diputados. No alcanza con discutir estos temas en Montevideo o en ámbitos técnicos. El impacto real se siente en los territorios: en el productor rural, en la pequeña industria departamental, en la cooperativa, en el trabajador que necesita capacitación para adaptarse a nuevas exigencias.
La política exterior no puede ser una conversación cerrada entre diplomáticos. Debe ser una política pública participativa. Escuchar a las gremiales empresariales, a los sindicatos, a las cámaras sectoriales, a las universidades y a los gobiernos departamentales fortalece la posición negociadora y, sobre todo, legitima las decisiones. Cuando los acuerdos se comprenden y se discuten con información clara, se transforman en herramientas de desarrollo y no en fuentes de incertidumbre.
Además, este proceso de diálogo permite identificar con anticipación qué sectores requerirán apoyos específicos, reconversión productiva o programas de capacitación. La integración inteligente no es abrir las puertas sin red; es prepararse para competir mejor. Eso implica políticas complementarias: financiamiento, innovación, infraestructura y formación.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no resolverá por sí solo los desafíos estructurales de nuestras economías. Pero puede convertirse en un catalizador para modernizar normas, mejorar estándares y ampliar horizontes comerciales. En un mundo que avanza hacia bloques y alianzas estratégicas, quedarse al margen no es una opción viable.
Uruguay ha sabido históricamente combinar apertura con institucionalidad. Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar esa tradición, apostando a una inserción internacional activa, responsable y participativa. Que la Cancillería recorra el interior, que consulte, que explique y que escuche, no es un gesto formal: es la condición necesaria para que este tratado sea una política de Estado y no una discusión coyuntural.
El desafío es grande. Pero más grande es la oportunidad si decidimos encararla juntos.
