El proyecto de presupuesto nacional presentado por el Ministerio de Salud Pública marca un punto de inflexión en la forma en que concebimos la salud como parte central de la matriz de protección social.
Se trata de un esfuerzo ambicioso, que prevé pasar del 9,26 % del PIB al 12 %, con más de la mitad de este incremento destinado a fortalecer la protección social.
No es solo un número en una hoja de cálculo: es una decisión política que coloca a la salud en el centro de las prioridades del país.
Celebro que este presupuesto no se limite a resolver urgencias coyunturales, sino que también proyecte una mirada de largo plazo. La planificación del período 2025–2030 se enfoca en los desafíos inmediatos —como reducir los tiempos de espera, garantizar
medicamentos y estudios en forma oportuna y fortalecer el primer nivel de atención—, pero también en los desafíos sanitarios a 20 años, con estrategias de gobernanza, intersectorialidad, formación de recursos humanos y promoción de la salud.
Un aspecto que merece especial destaque es el foco en la infancia y adolescencia. Como parlamentario del interior del país, veo a diario las dificultades que enfrentan nuestras familias para acceder a servicios de salud de calidad.
El compromiso de reglamentar la Ley 20.376 de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia nos permite afirmar
que este presupuesto no es abstracto: se traduce en programas y recursos que impactarán directamente en los hogares uruguayos, particularmente en los más vulnerables.
También es fundamental la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay, que dotará al país de una herramienta moderna para regular medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías sanitarias, incluidas las de base digital e inteligencia artificial.
En paralelo, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar fortalecerá la capacidad científica nacional y nos permitirá tomar decisiones basadas en evidencia, potenciando la investigación y la cooperación con universidades y centros de estudio.
En materia de salud mental, la asignación de recursos específicos demuestra la voluntad de atender un problema largamente postergado.
Ampliar programas y fortalecer un abordaje integral de las adicciones y los trastornos de salud mental es, sin duda, una respuesta
concreta a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con la incorporación de nuevas vacunas —contra meningitis y virus sincicial respiratorio— que protegen a embarazadas, lactantes y niños, reforzando nuestro histórico programa nacional de inmunizaciones.
Quiero detenerme en un punto que para nosotros, desde Salto y el litoral, es crucial: el acceso en el interior del país. No es retórica: ya se empiezan a notar cambios en la disponibilidad de medicamentos y especialistas en zonas alejadas de Montevideo.
El fortalecimiento de ASSE y la priorización del primer nivel de atención están permitiendo que familias de localidades pequeñas tengan consultas más rápidas y acceso a tratamientos que antes parecían lejanos. Este presupuesto consolida esa línea y asegura que los avances no se queden en el área metropolitana.
Finalmente, el impulso a la modernización del Sistema de Información Institucional y la coordinación en áreas como zoonosis o recursos humanos son pasos firmes hacia un sistema de salud más justo, transparente y eficiente.
El presupuesto en salud es, en definitiva, una inversión en dignidad, equidad y futuro. Es un paso más en la construcción de un Uruguay que no deja a nadie atrás, donde nacer en el interior no significa tener menos oportunidades de acceso a servicios de calidad.
Desde el Frente Amplio acompañamos y respaldamos esta propuesta, convencidos de que la salud no puede esperar y de que este es el camino correcto para consolidar un país más justo y solidario.
