El derecho a la vivienda como prioridad del gobierno
Cuando hablamos de vivienda hablamos de vida. Hablamos de la tranquilidad de una madre que sabe que sus hijos dormirán bajo un techo seguro, hablamos de la dignidad de un trabajador que llega al final de la jornada y encuentra un hogar al que volver, hablamos de la esperanza de los jóvenes que proyectan una familia en su primer apartamento.
La vivienda no es un lujo ni una mercancía más: es un derecho humano, reconocido y defendido por
este gobierno como una prioridad central de su gestión.
El Plan Nacional de Vivienda y Hábitat 2025-2029, presentado en la Presidencia de la República con la presencia del presidente Yamandú Orsi, ministros, parlamentarios, intendentes y organizaciones sociales, marca un camino claro. No se trata solo de levantar
paredes, se trata de construir futuro, de organizar comunidades, de combatir la desigualdad desde la raíz. Se trata de que el presupuesto nacional ponga en blanco sobre negro lo que siempre dijimos: primero la gente.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), bajo la conducción de la ministra Tamara Paseyro, organizó este plan en cinco grandes ejes de acción. Cada uno de ellos es una pieza clave en la arquitectura de un país más justo y solidario.
1. Emergencia habitacional y vulnerabilidad social
El primer eje se concentra en quienes más lo necesitan: las familias que viven en los más de 660 asentamientos del país, en condiciones de precariedad extrema, sin acceso a saneamiento, con problemas de hacinamiento o en riesgo permanente de perder el techo que hoy tienen.
El plan proyecta 20.000 acciones sobre el stock habitacional existente. No hablamos de estadísticas frías: hablamos de 20.000 historias que pueden cambiar para siempre.
Aquí también se atiende a jóvenes que egresan de INAU o INISA, a personas en situación de calle, a mujeres que sufren violencia de género y que necesitan romper el círculo de la dependencia.
Quiero destacar especialmente el programa Crece desde el pie, que integra salud, protección social y vivienda para madres embarazadas y recién nacidos en contextos de vulnerabilidad. Este programa ya está en marcha y es una de las mejores muestras de
cómo la política pública puede abrazar la vida desde sus primeros pasos.
2. Acceso y permanencia en la vivienda
El segundo eje aborda a esas familias que, aunque tienen ingresos regulares, no califican como sujetos de crédito en el sistema financiero formal. Son los jóvenes que trabajan, que ahorran, pero que veían la casa propia como un sueño cada vez más lejano. Para ellos está el programa Primera Vivienda, que reduce la exigencia de ahorro previo y permite créditos de hasta el 95% del valor del inmueble.
Esto no es un detalle técnico: es la diferencia entre quedarse atrapado en el alquiler eterno o dar el salto hacia la estabilidad de un hogar propio. A lo largo del quinquenio se proyecta que más de 4.000 hogares accedan a este beneficio.
A esto se suma el desarrollo del alquiler social, con el que se prevé llegar a más de 6.000 familias. Un alquiler con subsidio parcial no solo alivia el bolsillo, también da estabilidad, evita mudanzas forzadas, da continuidad en la escuela a los niños.
Y hay más: el plan prevé fortalecer la autoconstrucción asistida y el sistema cooperativo, pilares históricos de la política de vivienda en nuestro país. Con más de 16.000 soluciones habitacionales proyectadas, entre nuevas construcciones y unidades en ejecución, se recupera una tradición solidaria que combina esfuerzo propio, ayuda mutua y respaldo del Estado.
Por Álvaro Lima, Diputado por Salto – Frente Amplio
