Casaravilla, contador de profesión y que integra el sector Compromiso Canario del edil Yamandú Costa, llamó el pasado martes a Andrade luego de que el programa Santo y Seña informara que el legislador había construido su casa en San Luis sin regularizar los planos y sin declarar la construcción ante la intendencia, por lo que generó una deuda por contribución.
La Agencia Tributaria gestiona los padrones morosos que el departamento de Recursos Financieros le asigna, dado que no tiene independencia técnica ni política. Sin embargo, este padrón no había sido asignado a la agencia para que lo gestionara.
La administración de Yamandú Orsi entiende que Casaravilla cometió tres irregularidades: la primera fue realizar un convenio por fuera de su potestad, sin el procedimiento correspondiente. La segunda fue iniciar el trámite, dado que las solicitudes de convenio deben ser hechas por los contribuyentes, que son quienes se comprometen a pagar el convenio y mantenerse el día. La tercera irregularidad fue no solicitar ningún tipo de documentación. Si bien el trámite se hizo a través del sistema informático, quedó por fuera de los formularios con los documentos correspondientes.
El viernes, la directora de Recursos Financieros de la comuna, Laura Tabárez, tomó conocimiento de la situación.
Ese mismo día, el intendente Orsi habló con Andrade para decirle que el convenio realizado con Casaravilla había sido por fuera de los procedimientos que establece la intendencia y que, por tanto, no era válido. Andrade dijo desconocer que se trataba de una maniobra irregular y, una vez enterado de que el trámite fue invalidado, lo inició de manera online como lo hacen los contribuyentes habitualmente.
Casaravilla dirige la Agencia desde 2019, pero ya había trabajado como contador general de la intendencia. Además, al igual que Costa, integra la directiva de Juventud de Las Piedras.
Consultado por El Observador, Casaravilla se limitó a decir: “Yo cumplí con mi trabajo, creo”. Sin embargo, no quiso ahondar en declaraciones.
El Observador intentó comunicarse con Andrade, pero no obtuvo respuesta.
Tras el cese, se dispuso una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Una vez terminada la investigación, la comuna evaluará si lleva el caso a la Justicia.
www.elobservador.com.uy – Fotografía Camilo dos Santos
