“Doy mi palabra de honor que a mí el presidente (Luis Lacalle Pou) no me dio ninguna indicación de que había que apurar este proyecto”, expresó tras críticas desde el Frente Amplio.
La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores recibió este martes al Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República (UdelaR) en el marco del nuevo proyecto de prisión domiciliaria en el que blancos y cabildantes acercaron posiciones.
El documento alternativo plantea la prisión domiciliaria desde los 65 años bajo determinados requisitos con orden del juez y después de los 70 años de manera automática, salvo delitos exceptuados. “El Instituto de Derecho Penal vino a hacer un informe del nuevo proyecto de ley que elaboró la senadora (Carmen) Asiaín sobre prisión domiciliaria que no es preceptiva porque la verdad es facultativa del juez”, explicó este martes la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.
“Están de acuerdo con el proyecto. El Uruguay ha comenzado con este proyecto a caminar un sendero que nunca debió abandonar. En el sentido de que somos muy liberales para todo, pero somos muy punitivos cuando se trata de atender el delito”, consideró la legisladora blanca. Aseguró, a su vez, que este no es un proyecto de ley “para dejar libre a nadie” sino que se cambia una pena por otra.
Bianchi informó que se aprobó citar a otras organizaciones, incluso a aquellas que fueron propuestas por el Frente Amplio (FA), como Crysol, la organización de expresos políticos y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desparecidos. “Nosotros dijimos que no teníamos problema que lo hacíamos por cortesía parlamentaria”, sostuvo. También citarán a la Cátedra de Derecho Procesal y al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Manuel Petit.
Sin embargo, aclaró que este proyecto “nada tiene que ver con los familiares de desaparecidos ni con los presos que están en tal cárcel, sino que es un proyecto integral de prisión domiciliaria”.
En las últimas semanas fueron varias las voces del FA que aseguraron que la insistencia de Cabildo Abierto con que varias propuestas fueran incorporadas a la reforma de seguridad social no se debía al proyecto en sí sino al interés en contar con apoyos entre los partidos para otras iniciativas, entre ellas, el proyecto de prisión domiciliaria.
Sobre estas críticas, Bianchi expresó: “Me dan ganas de llorar porque además hace casi dos años y medio que estamos tratando este tema”. En el mismo sentido, prosiguió: “doy mi palabra de honor que a mí el presidente (Luis Lacalle Pou) no me dio ninguna indicación de que había que apurar este proyecto”.
“De ninguna manera este proyecto va a tratarse a marcha forzada, queremos escuchar a los que saben y a otras personas que quieran venir, pero sobre la base de que no hay apuro ninguno”, reafirmó.
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