El anuncio fue efectuado por el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, durante su exposición en la XIV Semana de la Seguridad Vial, que finalizó este 29 de octubre. Junto a otros organismos del Estado, esa cartera promoverá dicha equiparación porque, según estudios recientes, cada vez hay mayor prevalencia del consumo de cocaína entre los conductores, explicó
La medida será promovida por los ministerios de Salud Pública y del Interior, y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Se pretende un mayor control en el tránsito y que las personas que conduzcan bajo el efecto de sustancias psicoactivas puedan ser identificadas y sancionadas, justificó Satdjian.
El objetivo es impulsar el control de drogas en el tránsito, porque “hay estudios y análisis que indican que el consumo de cocaína tiene cada vez mayor prevalencia en la población y en los conductores”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Unasev, Alejandro Draper, en diálogo con Comunicación Presidencial, destacó, además del anuncio de Satdjian, el conversatorio, también realizado en la presente jornada, en el que expuso el director general de Tráfico de España, Pere Navarro. Draper consideró importante ese testimonio, ya que en Uruguay se trabaja en la implementación de una libreta de conducir por puntos, similar a la vigente en el país europeo.
El funcionario también se refirió a los convenios concretados en el marco de la XIV Semana Nacional de la Seguridad Vial, como el que la Unasev suscribió con el Banco de Seguros del Estado (BSE) en la jornada de ayer, que permite que personal de la unidad dicte charlas de manejo seguro en actividades programadas por ambas instituciones. El acuerdo, además, permite que la agencia publicitaria contratada por el ente preste servicios para generar campañas de difusión en referencia a la seguridad vial de manera conjunta, a fin de optimizar los recursos.
Draper recordó que durante la semana se presentó un estudio referido al impacto socioeconómico y sanitario de la siniestralidad vial en Uruguay, que registró la pérdida, en el período 2015-2019, de 32.000 años de vida saludable por esa causa. Esto representa más de 525 millones de dólares de impacto económico, lo que se traduce en 0.92% del producto bruto interno anual.
También se suscribió, con la Fundación Gonzalo Rodríguez, un convenio de cooperación que promueve el conocimiento mediante la realización de acciones educativas en seguridad social.
