El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra.
El pleno del Parlamento declaró la “permanente incapacidad moral” del mandatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país.
La llamada “moción de vacancia” salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados).
La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).
Vizcarra defendió su inocencia antes y después de la votación en el Congreso, asegurando que “no existe prueba de flagrancia de un delito”.
“Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, manifestó Vizcarra en su intervención en la Cámara para convencer a los legisladores.
Tras confirmarse el éxito de la moción, Vizcarra aceptó la decisión, aseguró que deja su cargo “con la frente en alto” y anunció que no tomara ninguna medida legal para combatir la decisión del Congreso.
“No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, añadió en la sede del Ejecutivo y acompañado de los ministros de su gabinete.
La decisión de los congresistas generó protestas en Lima, donde diversos ciudadanos se congregaron en la plaza San Martín, en el centro de la urbe, para manifestar su rechazo a la vacancia.
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Vizcarra ya había enfrentado una moción similar el pasado septiembre, pero en esa ocasión el Legislativo, que ahora no cuenta con ninguna bancada oficialista, rechazó su destitución.
Esta nueva crisis política se produce en medio de la inestabilidad económica y social en el país, afectado gravemente por la pandemia de coronavirus.
Proceso de sucesión
Con la vicepresidencia vacante después de la renuncia de Mercedes Aráoz en mayo pasado, será el titular del Parlamento, Manuel Merino, quien asuma la Presidencia de la República.
El artículo 115 de la Constitución establece que ante el “impedimento temporal o permanente” del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso.
“Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”, agrega la Carta Magna.
Merino, sin embargo, ya aseguró que mantendrá “estrictamente” la convocatoria de las elecciones generales de 2021, previstas para el 11 de abril.
“La convocatoria a elecciones se mantiene, pido tranquilidad”, urgió el titular del Congreso, quien ya citó a los otros congresistas para su ceremonia de asunción de mando este martes a las 17:00 locales.
Pese a la hostilidad mostrada por los legisladores hacia el presidente, la aprobación de la “vacancia” se considera en cierto modo sorpresiva, pues no contaba con los apoyos necesarios hasta hace unos días, informa la prensa local.
En medio de la tensión, uno de los legisladores que apoyó la medida, Ricardo Burga, fue agredido en los exteriores del Congreso cuando hacía declaraciones a la prensa.
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El Parlamento publicó a última hora de la noche un comunicado reafirmando que se respetará la fecha prevista de las elecciones y el traspaso de poder correspondiente (el 28 de julio de 2021), y defendiendo que su decisión es “un hecho democrático y absolutamente constitucional“.
Además, informó que ahora “se constituirá un gabinete de ancha base con las personas más calificadas y con las fuerzas democráticas del país para dar solución a los problemas que en estos momentos agobian a los peruanos”.
El caso Vizcarra
La votación se produce después de que, en septiembre, se filtraran unas declaraciones a la Fiscalía de varios aspirantes a “colaborador eficaz”, testigos que ofrecen información a cambio de beneficios legales.
Estos supuestos delatores acusaban a Vizcarra de actos de corrupción en su época de gobernador en Moquegua, en el marco de un caso conocido como el “club de la construcción”.
En concreto, le acusaban de haber recibido hasta 2,3 millones de soles (unos US$650.000) en sobornos para conceder dos obras públicas, el hospital de Moquegua y una de irrigación.
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Las acusaciones no fueron ni corroboradas ni aceptadas por la Fiscalía. Provienen de cuatro testigos cuyo nombre no ha sido hecho público.
En los últimos días, además, se sumó una nueva filtración de conversaciones privadas entre el presidente y José Hernández, exministro de Agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y amigo personal de Vizcarra, en las que hablan de los polémicos proyectos, y que fueron analizadas y corroboradas por el equipo de investigación de El Comercio.
En su intervención ante los congresistas este lunes, el presidente consideró que la vacancia no debía ser “usada como espada de Damocles” o “como arma política” cada vez que sale una denuncia en su contra e indicó que la gobernabilidad “no puede estar bajo amenaza permanente”.
El mandatario criticó que la moción de censura se basara solamente en dos informes periodísticos, que citan una investigación de carácter preliminar, y consideró que el proceso atenta contra su derecho al “debido proceso”.
Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”
Se trata de la cuarta moción de vacancia que impulsa el Congreso peruano desde 2016.
Las dos primeras se presentaron contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que acabó renunciando al cargo en medio de acusaciones de corrupción en marzo de 2018; y la tercera la afrontó Vizcarra, quien le sucedió en el cargo.
La anterior “moción de vacancia” contra Vizcarra, que superó con éxito, fue impulsada por el llamado “caso Swing”, una supuesta obstrucción en la investigación al músico Richard Cisneros, que fue contratado por el Ministerio de Cultura.
Con su salida, Vizcarra se convierte en el segundo presidente del país en cumplir menos de un periodo de gobierno en el cargo en los últimos 20 años.
Redacción BBC News Mundo
