La institución recordó más de cinco resoluciones en las que le recomendó al Estado tomar medidas para atender la vulnerabilidad de estas personas.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) emitió una declaración este martes en la que señala que “no se puede afirmar” que el Estado uruguayo haya adoptado las recomendaciones que hizo en más de cinco resoluciones sobre el estado de los hogares de ancianos.
Luego de que se confirmaran dos focos de Covid-19, y dos muertos, en varios de estos centros de residencia, la situación de estos hogares volvió a estar en el tapete público. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa el domingo que más de 200 hogares están en “situación crítica” y que otros 110 “están por debajo del respeto a los derechos humanos”.
Ante esta situación, la Inddhh recordó que ha venido “regularmente llamando la atención” de los organismos estatales, y que, en este contexto, hay una necesidad de “reiterar las recomendaciones” realizadas.
Entre ellas, y a modo de ejemplo, la institución enumera seis resoluciones y señala que una de ellas “merece un especial destaque”: la “más reciente” del 13 de marzo pasado, en la que la Inddhh “puso en conocimiento del Ministerio Público señalando el riesgo al derecho a la integridad personal y a la vida de los internos en un establecimiento de Montevideo”.
Las recomendaciones, se señala, fueron dirigidas al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo social; “Sin embargo, no se puede afirmar que se hayan adoptado, a la fecha, medidas permanentes y eficaces para atender a los lineamientos generales de estas recomendaciones”.
Estas puntualizaciones van dirigidas a que el Estado “fortalezca el sistema de control, inspección y habilitación” para que en estos centros se garanticen los derechos de las personas adultas mayores.
Para la institución, es el Estado el que debe “garantizar” el respeto a los derechos humanos de estas personas.
“En esa dirección, la INDDHH ha reiterado que, en estos casos, los referidos deberes suponen para el Estado adoptar todas las medidas que estén a su alcance para evitar las vulneraciones de derechos de las personas en estos “hogares, residenciales o casas de salud”, ejerciendo un comportamiento diligente, que consiste en la supervisión activa y de oficio de la labor de estos centros de internación con residentes adultos mayores”, sentenció.
Este martes, en tanto, hubo una reunión entre las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), el Plenario de Mutualistas y Médica Uruguaya ante los brotes de Covid en estos centros para ancianos con el ministro de Salud, Daniel Salinas.
En el encuentro se definieron pautas de “respuestas coordinadas” entre los actores públicos y privados “a los efectos de reducir los riesgos de contagio y garantizar la asistencia a los residentes, de acuerdo a quién sea su prestador.
Entre las decisiones tomadas, se destaca el consenso alcanzado para la instalación de centros de baja complejidad para facilitar la convalecencia y recuperación de personas infectadas por SARS-CoV-2 o que estén cursando COVID-19.
Montevideo Portal
