La fiscal de Estupefacientes Stella Llorente no estableció dirección exacta para la actuación policial.
La investigación de la Policía contra una banda de mujeres que vendían pasta base y marihuana en la plaza Villa Biarritz, barrio Punta Carretas, llevaba más de año.
Las primeras denuncias comenzaron a fines de octubre de 2020. Fueron realizadas por vecinos de la zona, molestos con el accionar de las traficantes en un lugar donde circulan muchos niños y adolescentes por haber un colegio, una escuela, y un club social y deportivo en la zona.
Por las denuncias, la Policía sabía que la venta de drogas en la plaza se realizaba entre las 15:30 y las 22:00 horas.
En forma discreta, cuatro policías se instalaron en la plaza en las primeras horas de la tarde del 29 de octubre de 2020 y confirmaron la veracidad de las denuncias de los vecinos. A las 19:00 horas de ese mismo 29 de octubre del año pasado, la Policía instaló un segundo dispositivo de vigilancia en el lugar. Ahí detectó que dos mujeres y dos hombres mantenían contactos con personas que podrían ser consumidores de drogas.
Los operativos de vigilancia se repitieron en días y semanas siguientes. Y las conclusiones acerca del accionar de las mujeres establecidas en la plaza siempre fueron las mismas: traficaban drogas.
Seis meses después de las denuncias, la Policía logró identificar a tres mujeres de la banda. Se supo que las tres contaban con antecedentes penales por comercialización de alucinógenos.
En un documento enviado a la fiscal de Estupefacientes Stella Llorente, la Policía informó que el domicilio de las mujeres investigadas se ubicaba en el apartamento 1 de un edificio situado en la calle 25 de Mayo (Ciudad Vieja).
El documento agregó que en el lugar “existe un gran flujo y trasiego de personas” con aspecto de consumidores, lo que “posiblemente sería un punto de venta de estupefacientes”. Posteriormente, la Policía solicitó a Llorente que tramitara ante la Justicia una orden de allanamiento. El jueves 17, a pedido de la Fiscalía, la jueza María Laura Sunhary, libró una orden de allanamiento para la finca situada en la calle 25 de Mayo, “único apartamento ubicado en el primer piso”.
Munidos de la orden de allanamiento, la Policía ingresó ese mismo jueves 17 al lugar y detuvo a las tres mujeres investigadas e incautó pasta base, dinero y un arma de fuego sin numeración. Al día siguiente se realizó una audiencia en el Juzgado Penal de 44° Turno solicitada por Llorente para pedir el procesamiento de las tres detenidas. En la sala, los defensores de las investigadas, Rafael Silva y Germán Guariglia, pidieron la nulidad del procedimiento porque el allanamiento y las posteriores detenciones se realizaron sin especificar el lugar en forma concreta. Es decir, la defensa alegó que en el primer piso del edificio hay varios apartamentos y no solo uno, como reza la orden de allanamiento.
Tras el planteo de los defensores, la jueza de 44° Turno, Diovanet Olivera, resolvió que las detenciones de las tres mujeres fueron practicadas “en forma ilegal” y ordenó que se les devuelva el dinero incautado. Olivera no autorizó la devolución de la droga ni del arma decomisada.
Una fuente de la Fiscalía dijo a El País que Llorente compartió la decisión de la jueza y por eso no apeló.
Y agregó que “era imposible corroborar” desde afuera del edificio que en el primer piso del edificio había tres apartamentos y no uno.
Diario el Pais
