Tras más de 17 horas de interpelación, se aprobó una moción presentada por miembros de la coalición y con un aditivo de Cabildo Abierto.
Tras más de 17 horas de interpelación por la gestión y los ingresos en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTMSG), la coalición de gobierno respaldó a los ministros Franciso Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas).
La sesión especial de la Cámara de Diputados comenzó el martes a las 10:30 horas y buscó abordar la polémica en torno a la contratación de militantes políticos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que derivó en la renuncia del nacionalista Carlos Albisu. El miembro interpelante es el frenteamplista de Colonia Nicolás Viera.
Tras varios cuestionamientos y declaraciones cruzadas, se aprobó una moción presentada por miembros de la coalición, y con un aditivo de Cabildo Abierto, que expresa: “Que se reconoce la importancia institucional de la CTMSG, tanto por la administración del complejo hidroeléctrico, como por tratarse de un organismo binacional uruguayo-argentino orientado desde su origen a la interconexión, la integración y el desarrollo regional; que es fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos destinados al organismo para el cumplimiento de sus cometidos y el desarrollo de proyectos de infraestructura que potencien el crecimiento regional”.
“Que las designaciones de delegados y funcionarios en un organismo de estas características deben atender especialmente a la idoneidad técnica respetando tanto las normas estatutarias, como las de ética en la función pública; que considera satisfactorias las explicaciones dadas por los señores ministros y comparte lo expresado por ellos en el sentido de establecer un régimen legal que regule específicamente la actuación de los miembros de la delegación uruguaya en la CTMSG, así como el seguimiento y monitoreo de los gastos incurridos en particular los correspondientes al desarrollo regional, como un cometido específico por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el especial cumplimiento de lo establecido en la Ley 19.823, del 25 de setiembre de 2019”, agrega el texto.
“Que conforme al convenio de 1946, suscrito por nuestra República y la República Argentina, que creó la CTMSG, resultado obligatorio para el Estado uruguayo proveer los recursos necesarios a los efectos de financiar la cuota parte del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones aprobado por la CTMSG, por lo cual el MEF ha actuado en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el convenio referido. Que considera necesario que la delegación uruguaya ante la CTMSG promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, en particular resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”, continúa.
Y en el agregado propuesto por Cabildo Abierto se señala: “Que en razón de la gestión inadecuada en relación a la designación de personal y los cambios del estatuto de los funcionarios CTMSG, sin las debidas consultas al Poder Ejecutivo, consideramos que la renuncia del ex presidente Carlos Albisu, debe ser acompañada por la renuncia del resto de los delegados uruguayos, asimismo solicitamos se encomiende la realización de una auditoría externa de gestión”.
En tanto, desde el Frente Amplio expresaron que “en Salto Grande hay ingresos a dedo y reparten el dinero de la gente para hacer campaña electoral en beneficio de los partidos Nacional y el Colorado”.
“Por esto y porque no contestaron ninguna de las más de 150 preguntas en la interpelación, exigimos que cesen todos los contratos acomodados entre 2020 y 2023, todas las autoridades uruguayas y que el canciller Francisco Bustillo, responsable de esta situación, presente su renuncia”, apuntaron desde la oposición.
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