Las diferencias de enfoque de seguridad y defensa quedaron de manifiesto en la comisión del Senado que estudia la norma que contiene la LUC y se reunió por primera vez el pasado lunes.
“Escucho la cátedra, pero devuelvo la cátedra”, así le respondió el ministro de Defensa Javier García al senador del MPP y extitular de Interior Eduardo Bonomi en el Parlamento, cuando planteó sus reparos al derribo de aeronaves -que vuelen en el espacio aéreo uruguayo sin permiso- previsto en la ley de urgente consideración.
El intercambio da cuenta de una distancia cada vez mayor entre el gobierno y la oposición. Las diferencias de enfoque de seguridad y defensa quedaron de manifiesto en la comisión del Senado que estudia la norma y se reunió por primera vez el pasado lunes.
Bonomi, al igual que otros legisladores del Frente Amplio, plantearon dudas sobre el procedimiento de derribo de aeronaves que se encuentren sobrevolando el espacio aéreo sin autorización.
El senador sostuvo que “no es Uruguay el país donde hay mayor tráfico de drogas” y opinó que “para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es plantearlo bien (…) Si nosotros nos planteamos que vamos a resolver el problema del narcotráfico con una ley de estas características, lo estamos haciendo mal. Es mucho más disuasivo que esta ley tener buenos radares que capten el vuelo a baja altura, que es por donde entra el narcotráfico”, remarcó Bonomi de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.
“Yo pregunté cómo un proyecto de estas características opera en la práctica. Esto no opera en la práctica. Se necesita la logística para esto, y no la tenemos. ¿Qué vamos a bajar? ¿Con el avión de Puritas vamos a bajar un avión? No. Necesitamos la tecnología y la logística”, aseguró Bonomi.
El extitular de Interior planteó que al momento que es detectado el avión “se va” antes de que puedan dar todos los pasos que se deben dar para que el presidente termine dando la orden de bajarlo. “Si con un radar lo captamos a baja altura, es mucho más efectivo (…) Entonces, lo que hay que hacer es detectar el avión, y si se lo detecta a tiempo, hay instrumentos para neutralizarlo”, concluyó.
El titular de Defensa agregó en la misma línea: “Déjennos a nosotros, que recién empezamos seguramente a hacer mucho mejor lo que él no supo hacer en diez años”. García citó declaraciones del exdirector nacional de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Carlos Noria, que diez días antes de la elección dijo en canal 12 que una ley de derribos era “un elemento a considerar” para reforzar la lucha al narcotráfico. “Supongo que debe ser una persona a la que el señor senador Bonomi atendía, porque era su principal asesor en materia de combate a la droga”, insistió.
Para el derribo de aviones se requiere autorización del presidente y cumplir con ocho pasos disuasivos que van tratando de conectarse con aquel que está violando la soberanía en un vuelo irregular, lo que lleva alrededor de cinco minutos.
Gobierno acotará el porte de armas a los oficiales retirados
En la comisión especial del Senado que analiza la ley de urgente consideración, el ministro de Defensa Javier García anunció que el porte de armas para personal militar retirado quedará acotado a los egresados de la Escuela Militar.
El ministro dijo que el artículo agregado a último momento (a pedido de Cabildo Abierto) establece la extensión del derecho que tienen los militares -en este caso los oficiales y el personal- de poder portar armas. “¿Por qué digo la extensión? Porque a primera lectura podría suponer que se está otorgando un derecho, pero a poco de recorrer las normas que rigen en Uruguay, se advierte que lo establecido en esta norma es la extensión de un derecho ya otorgado, que tiene un antecedente muy anterior”, explicó.
Asimismo, García argumentó que el artículo limita el porte, porque exige no poseer antecedentes penales y requiere una evaluación de la idoneidad de la persona. Además propuso acotar el porte a los oficiales de las Fuerzas Armadas, egresados de cualquiera de las tres escuelas de formación profesional de las fuerzas, y de la escuela de formación de suboficiales.
Ante la consulta del senador comunista Oscar Andrade, García dijo que no está sobre la mesa que los militares retirados cumplan tareas de seguridad, tal como se plantea con los retirados policiales. “Salvo las atribuciones que hay en materia de seguridad, concretamente en el caso de la frontera, los militares no tienen potestades en seguridad interior”, concluyó.
Fuente: www.elpais.com.uy
