Exposición en Palacio Córdoba sobre DDHH y Alzheimer. Por Dr Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado. Asp. docente de Facultad de Derecho. Udelar.
Hablar de Derechos Humanos y Alzheimer no es solo un ejercicio jurídico o teórico: es hablar de dignidad en su estado más vulnerable. Es colocar a la persona, aún en la fragilidad, en el centro de toda política pública, de toda decisión familiar y de toda acción del Estado.
Los Derechos Humanos son inherentes a toda persona por el solo hecho de ser humana. No dependen de la edad, la salud, la memoria ni la productividad. Son universales, irrenunciables e indivisibles. En Uruguay, su reconocimiento se apoya en la Constitución de la República, en especial en los artículos 7, 72 y 332, y en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado, con especial destaque para la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 19.430).
La vejez, lejos de ser una etapa de pérdida de derechos, es una etapa que exige mayor protección. La persona mayor es sujeto pleno de derechos: a la salud, a la autonomía, al respeto, a la seguridad social, a la participación y al buen trato. No es, ni debe ser nunca, objeto de descarte ni de indiferencia.
Cuando aparece el Alzheimer, esta realidad se vuelve aún más desafiante. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, que afecta la memoria, la identidad, la capacidad de decisión y la autonomía. Pero nada de eso borra la condición de persona. Quien padece Alzheimer sigue siendo titular de todos sus derechos humanos, y por eso mismo requiere una protección reforzada.
Desde el enfoque de derechos, el Alzheimer impone obligaciones concretas: atención médica especializada y continua, cuidados integrales, trato digno, protección frente al abuso, el abandono y la violencia, respeto por la voluntad anticipada cuando ha sido expresada, y acompañamiento a las familias que suelen cargar solas con el peso emocional, físico y económico de la enfermedad.
Uruguay ha dado pasos importantes con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Plan Nacional de Demencias, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y la normativa sobre voluntades anticipadas. Sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad todavía existe. Faltan recursos, formación específica, centros de día, atención domiciliaria suficiente y un abordaje verdaderamente integral.
Aquí aparece una verdad que incomoda: el Alzheimer no solo pone a prueba al sistema de salud, pone a prueba a toda la sociedad. Nos enfrenta a una cultura que muchas veces descarta lo que no produce, que invisibiliza la vejez y que se incomoda ante la dependencia.
Los Derechos Humanos no se activan solo en los grandes discursos o en las fechas conmemorativas. Se activan en el trato cotidiano, en el acceso real a la salud, en la protección efectiva del más débil, en la decisión política de priorizar a quienes más lo necesitan.
Defender los Derechos Humanos de las personas con Alzheimer es, en definitiva, defender la dignidad humana en su forma más pura. Porque cuando la memoria se apaga, lo único que no puede apagarse es el respeto.
