Trabajo negociará procedimientos que permitan a las empresas “descolgarse” de los acuerdos establecidos si argumentan y prueban que no pueden pagar los aumentos decididos
El gobierno negociará en el Consejo Superior Tripartito procedimientos concretos que permitan a las empresas “descolgarse” de los acuerdos establecidos en los consejos de salarios si argumentan y prueban que no pueden pagar los aumentos decididos. Además, aprobará en los próximos días un decreto con los pasos a seguir para desalojar empresas ocupadas si no se respetan los derechos de trabajadores no sindicalizados o de los empresarios. También se encamina a presentar un proyecto para modificar la ley de negociación colectiva y proyecta “modernizar” los consejos de salarios.
Esos fueron algunos de los anuncios realizados ayer por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien participó en la conferencia “Preparando el país para los nuevos tiempos: competitividad e inserción internacional”, organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en la Expo Prado. Allí Mieres disertó junto a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Educación, Pablo Da Silveira, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Desde la confederación, el presidente Gerardo García Pintos y la economista Rocío Lapitz dieron su visión sobre la situación del país, los avances y los reclamos del sector.
El gobierno tiene varios temas por delante en el Consejo Superior, integrado por delegados de sindicatos y cámaras empresariales. Uno de ellos es avanzar en el diálogo social por el empleo. De hecho, en la próxima reunión el Ministerio de Trabajo presentará un documento con propuestas.
También piensa avanzar en la regulación de procesos “que protejan los derechos y realidades de empresas y sindicatos más débiles, evitando que acuerdos generales afecten o inviabilicen a algunos emprendimientos y trabajadores”, dijo Mieres. En ese marco, establecerán protocolos y procedimientos concretos para descuelgues, “ese es un objetivo central del gobierno”.
Mieres dijo a El País que se intentará fijar “cuándo procede el derecho al descuelgue” si uno de los dos (la empresa o el sindicato) o los dos entienden que no se puede cumplir con lo acordado en el consejo de salarios de rama. “Se da mucho en firmas chicas que reciben efectos del acuerdo macro, lo que liquida empresas y deja gente sin trabajo”, explicó. ¿Cómo es la situación hoy? “Hoy una empresa puede pedir el descuelgue pero no hay criterios claros”, afirmó.
En cuanto a las ocupaciones, se reglamentará lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración para garantizar que las medidas de lucha no “afecten el derecho de trabajadores no huelguistas ni el derecho de dirección de empresas de ingresar a los establecimientos”, dijo Mieres. En los próximos días impulsarán un decreto que ya está en fase de redacción y que, según Mieres, no afectará al derecho de huelga. Allí se determinará “con claridad los procedimientos correspondientes si las ocupaciones impiden el ejercicio de los mencionados derechos, para lo cual se derogarán los decretos preexistentes”.
El objetivo es equiparar con las disposiciones que existen en el sector público, donde están prohibidas las ocupaciones, dijo Mieres a El País. Cuando este decreto esté vigente, el Ministerio de Trabajo intervendrá si hay una ocupación que afecta otros derechos y, si la negociación fracasa, comunicará al Ministerio del Interior.
Por delante la cartera también tiene la modificación de la ley de negociación colectiva, que regula los consejos de salarios, para intentar levantar las observaciones realizadas años atrás por la OIT. También diseñan un proyecto de ley sobre personería gremial y colaboran con el Parlamento en un proyecto de ley de teletrabajo.
El gobierno también intentará cumplir con algo que ya había anunciado antes de la llegada de la pandemia: la modernización de los consejos de salarios. “Apostamos a una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo que tengan resultado de ganar-ganar”, explico Mieres. Y aseguró: “Demostramos total objetividad y sin flechar la cancha. Dimos muestras sobradas de que somos confiables y actuamos con ecuanimidad”.
A su turno, Arbeleche habló de “quitarle la mochila al sector privado”, ya que va a “dinamizar el crecimiento económico y va a crear empleo”. La ministra de Economía repasó “hitos” de estos seis meses marcados por la pandemia, como la decisión de “que los motores de la economía debían seguir funcionando” y las medidas alternativas al seguro de desempleo clásico.
“Por primera vez después de mucho debate Uruguay tiene una regla fiscal, que permitirá tener un gasto constante a lo largo del tiempo”, indicó. “Los tiempos de bonanza” no son permanentes, recalcó.
Azucena Arebeleche. Foto: Fernando Ponzetto
Pero marcó discrepancia con las cámaras: “No es pidiendo utilidades a las empresas públicas que va a haber orden fiscal”. Respecto al tipo de cambio, dijo que el Banco Central “ha sido claro en que el objetivo es inflacionario”, lo que significa que el tipo de cambio “va a estar donde la oferta y demanda del mercado lo ubique”.
El ministro de Educación enfatizó que “los que siguen esperando cambios son los más débiles” y planteó transformar “profundamente la formación docente”. Por último, Alfie dijo que en el gobierno “todos tienen el sueño de lograr cambios importantes que seguramente no se verán en este período”, como la reforma de la previsión social, que tendrá “cero efecto” en estos cinco años. “Es un deber moral no agotar la acción en el período”, afirmó.
