Los legisladores señalan que la senadora “utilizó una potestad que le confiere la Constitución de forma desviada a su fin”.
Los senadores por el Frente Amplio (FA) solicitaron a la vicepresidenta del Senado, Beatriz Argimón, que se analice el pedido de informes que hizo la senadora nacionalista Graciela Bianchi sobre la profesora y presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay (Afutu) Mabel Mallo, que mantuvo días atrás un intercambio con Lacalle Pou cuando el sindicato se manifestaba.
Bianchi solicitó un informe sobre la situación funcional de Mallo, donde solicitaba saber la cantidad de horas docentes que tiene, si goza de licencia sindical y la cantidad de inasistencias que tiene como docente. Además, consultó si la funcionaria tiene algún “procedimiento disciplinario”.
Los senadores del FA señalaron remitieron “de forma urgente del asunto” a la Comisión de Constitución y Legislación, “a los efectos de que estudie y asesore a este cuerpo sobre si existe mérito para aplicar alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución a la señora senadora Graciela Bianchi en función de su actuación”.
“El referido pedido de informes deshonra gravemente la responsabilidad ontológica que los Estados Constitucionales de Derecho y Democráticos ?como el uruguayo? le reservan a los Parlamentos, que es oficiar como control y contrapeso del gobierno a través del control de la gestión los demás poderes públicos, sentido que se derrama sobre todos los cometidos y potestades que la Constitución le atribuye a la Cámara de Senadores ?y a sus integrantes?, dándoles un fin institucional razonable, cierto y determinado”, agregan.
Además, los legisladores de la oposición sostienen que el pedido de informes formulado por la senadora Bianchi “no tiene por objeto controlar la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, ni la de ANEP, ni la de UTU, ni la de ningún organismo público, en su conformación pasada o actual, sino que se centra exclusivamente en recabar información sobre quien es hoy la presidente de la Asociación de Funcionarios de UTU, que pocos días atrás tuvo un público intercambio con el presidente de la República en el marco de una manifestación sindical, en pleno ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical”.
Desde el FA sostienen que Bianchi “utilizó una potestad que le confiere la Constitución ?en el Artículo 118? , de forma desviada a su fin, configurando, a criterio de los firmantes, una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico, en tanto contraria al principio de interdicción de las arbitrariedades inherente a nuestra forma democrático republicana de gobierno, que debe ser rechazada sin ambages por el sistema político y por esta Cámara, para así dar un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que este Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie ? absolutamente nadie? será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales tan caras para nuestro Estado Constitucional”.
Por último, los senadores frenteamplistas consideran que el pedido de informes “mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía, y, además, deja en mala posición al Gobierno en sí y a nuestro propio presidente de la República, siendo que Bianchi es hoy en la Cámara la senadora más votada del partido del presidente”.
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