“Los rescates estatales distorsionan los incentivos, ya que permiten a las empresas irresponsables seguir operando, mientras las empresas eficientes se ven castigadas.”
THOMAS SOWELL
En un contexto donde el modelo de economía de mercado y la propiedad privada son pilares fundamentales, surge una discusión importante sobre el rol que debe jugar el Estado en situaciones de fracaso empresarial. Un claro ejemplo de este dilema lo encontramos en el reciente colapso de Conexión Ganadera en Uruguay.
Escuchamos voces que claman por la intervención estatal, exigiendo que el Estado asuma la responsabilidad de las pérdidas y otorgue indemnizaciones a los damnificados. Sin embargo, desde una óptica liberal, esta intervención representaría una flagrante injusticia para toda la sociedad uruguaya, en especial, los pagadores de impuestos, que se ven obligados a pagar por perdidas en un negocio que no participaron.
Se trata de un negocio privado, en el que personas decidieron asumir sus riesgos, tomaron sus decisiones y libremente decidieron invertir en un negocio que entendieron seductor.
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En este caso, Conexión Ganadera, como cualquier otra empresa privada, opera bajo este principio: el éxito o el fracaso de nuestras opciones son de nuestra responsabilidad, no de los ciudadanos que trabajan y cumplen con sus obligaciones fiscales.
El rescate de empresas fallidas por parte del Estado puede generar un precedente peligroso. ¿Por qué se debe intervenir para salvar a una empresa cuya administración y modelos de negocio no fueron capaces de mantenerse a flote? ¿Por qué no salvar al almacén o a la ferretería de la esquina? Desde el punto de vista conceptual y moral ¿cuál es la diferencia entre uno y otro caso? Si el Estado comienza a hacerse cargo de pérdidas en negocios privados, estaría enviando un mensaje claro: las malas decisiones no tienen consecuencias para los empresarios ni para lo inversores, sino que serán cubiertas por los impuestos de aquellos que no están involucrados ni en la gestión ni en los beneficios de la empresa.
Se trata de una injusticia social porque se alienta la desigualdad ante la ley, dividiendo a la sociedad en dos: privilegiados, cuyos negocios o inversiones son rescatadas, y condenados, que deben pagar bajo coacción legal la mala gestión y decisión de otros.
Para los ciudadanos uruguayos que pagan impuestos, cualquier rescate a un negocio privado es, en esencia, una doble injusticia. En primer lugar, los contribuyentes ya están aportando dinero a las arcas del Estado a través de impuestos, y ese dinero es utilizado para financiar servicios públicos, educación, salud, infraestructura, entre otros. El hecho de que el Estado destine parte de estos recursos a salvar un negocio que no pertenece al ámbito público representa una desviación de su función principal: servir al bien común.
En segundo lugar, los trabajadores y pequeños empresarios que también enfrentan desafíos en sus propios negocios deben competir en un mercado sin la seguridad de que, si fallan, el Estado acudirá a salvarlos. Esto crea una distorsión en la competencia: mientras algunos empresarios reciben un «salvavidas» estatal, otros deben enfrentarse a las consecuencias de sus propios errores sin la ayuda del gobierno. Esta es una clara violación del principio de igualdad ante la ley y de equidad.
Un rescate estatal de una empresa privada como Conexión Ganadera desencadena efectos negativos a largo plazo. Al intervenir en un mercado competitivo, el Estado podría estar fomentando la ineficiencia y la falta de responsabilidad. Las empresas que no enfrentan el riesgo de fracaso real tienden a operar con menor disciplina y menos incentivos para mejorar sus prácticas empresariales. Esto puede generar una dependencia del Estado en lugar de fomentar la autosuficiencia y la competitividad.
Además, la intervención estatal en un sector privado puede llevar a la creación de «empresas zombis», aquellas que sobreviven gracias a subsidios o rescates estatales, pero que no tienen la capacidad de ser rentables por sí mismas. Esto distorsiona el mercado y puede llevar a una mala asignación de los escasos recursos económicos, lo que perjudica a la economía en su conjunto.
La solución no pasa por la intervención estatal, sino por permitir que el mercado se autoregule. Las empresas que no logran adaptarse, que no toman decisiones estratégicas acertadas o que no logran generar valor para sus clientes, deben enfrentar las consecuencias de su fracaso. Este proceso, aunque doloroso, es fundamental para el buen funcionamiento de la economía.
El mercado libre y la competencia son los mecanismos más eficientes para la innovación y el progreso económico. Cuando el Estado interviene en negocios privados, debilita estos principios y crea un entorno donde la competencia no es lo que guía a las empresas hacia la eficiencia y la mejora. Las empresas que fracasan deben aprender de sus errores o ser reemplazadas por aquellas que puedan satisfacer mejor las necesidades del mercado. Los contribuyentes, como trabajadores y consumidores, no deben ser los encargados de financiar estos fracasos.
En conclusión, el rescate estatal de un negocio fallido como Conexión Ganadera sería una injusticia para los trabajadores, empresarios y contribuyentes uruguayos. Los riesgos y beneficios de los negocios deben ser asumidos exclusivamente por quienes participaren en tales decisiones, empresarios e inversores. No es justo que aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales y no tienen participación en la mala gestión o decisión de otros se vean obligados a cargar con las consecuencias de un fracaso ajeno. El Estado debe centrarse en su rol de promover un entorno de competencia y eficiencia, no en salvar empresas privadas que no pueden sostenerse por sí mismas en el mercado y tampoco a los inversores que, lamentablemente, perdieron su dinero por una elección libre y voluntaria.
Que quede muy claro: lamento profundamente por la gente que confió en el negocio y puso sus ahorros en un negocio fallido, no me gustaría estar en sus zapatos y deseo que encuentren una solución pronto. Ahora bien, hay que separar muy bien la paja del trigo, y ser contundentes respecto a que utilizar dinero de todos nosotros para rescatar un negocio privado, es una inmoralidad, un saqueo y una contravención al interés general.
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