Para el oficialismo. el puerto ganará competitividad y logrará bajar las tarifas. Para la oposición es una ilegalidad grave
El Senado de la República está convocado esta mañana para la interpelación del ministro Luis Alberto Heber, responsable directo de una decisión que este miércoles es el eje del llamado a sala: la extensión de un contrato por otros 50 años para la empresa belga Katoen Natie.
Heber, actual ministro del Interior, era titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas cuando se anunció la resolución el Poder Ejecutivo que consagra una modificación de las reglas internas del puerto. En carácter de jerarca que participó de las negociaciones es que se presentará como miembro interpelado, en lugar del ministro en funciones José Luis Falero.
¿Qué está en juego en el llamado a sala de esta jornada?
El otorga a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), propiedad de Katoen Natie, la gestión del área especializada de contenedores hasta el año 2081.
Tendrá potestades para recibir contenedores en desmedro de los muelles públicos y estará habilitada a dar servicios exclusivos.
Para Montecon, la empresa competidora que actúa en los muelles públicos, esto significa la confirmación de un monopolio contrario a la ley de puertos. Sus responsables iniciaron acciones administrativas contra el decreto que oficializa el acuerdo y planteó la posibilidad de un juicio internacional contra el Estado.
El puerto es regulado desde 1992 por una ley, distintos decretos reglamentarios y la ley de subasta de una terminal especializada en 2001.
Hay áreas públicas, donde la Administración Nacional de Puertos (ANP) arrienda espacios o presta servicios a los privados, y zonas especializadas, como la concesión otorgada a la firma Terminal Cuenca del Plata (TCP), que tiene como socio minoritario (20%) al Estado.
Hace dos décadas se le otorgó el área especializada para contenedores por 30 años.
Estos enfrentamientos vienen desde hace años. En 2008 l Tribunal de lo Contencioso Administrativo se había expedido en contra del pedido de Katoen Natie de tener prioridad en el puerto.
Las discrepancias entre TCP y el Estado, que oficia de regulador vía ANP y de socio minoritario de Katoen Natie, se han visto enfrentados por reclamos de la multinacional belga por distintas vías.
En 2017 la empresa comunicó al gobierno que iba a vender su negocio en Uruguay, pero luego suspendió el proceso.
Katoen recurría al tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Bélgica como salvaguarda legal, y en octubre de 2019 envió una nota a Presidencia planteando que existía una violación del acuerdo bilateral e intimaba a las autoridades a una negociación.
Días antes del cambio de gobierno, ante la falta de respuestas notificó que iniciaría un juicio por 1.500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial que media entre los estados y las multinacionales.
En marzo de 2021, apenas asumió el poder, el presidente Luis Lacalle Pou anunció ante la Asamblea General que la empresa retiraba la demanda a cambio de una extensión del contrato mdel área especializada, pero además se comprometía a invertir 460 millones de dólares en la terminal y efectuar una rebaja de tarifas
El Frente Amplio (FA) comenzó planteando dudas sobre la extensión de la concesión, en el entendido de que eso debe surgir de una ley y pasar por el Parlamento.
No solo Montecon y la oposición política están en desacuerdo con el acuerdo alcanzado.
Algunas empresas que operan en el Puerto ya se han definido en contra. También la Unión de Exportadores ha presentado reparos. Edison González Lapeyre, catedrático especializado en derecho marítimo, sostuvo que hubo “ineptitud de quienes negociaron”.
Y por último, dos socios del gobierno se han mostrado contrarios: Partido Colorado y Cabildo Abierto.
En el caso del sector liderado por Guido Manini Ríos la dudas sobre apoyar o no a Heber subsistían hasta ayer.
Los argumentos que presentará Heber hoy están relacionados con circunstancias que son históricas. El funciionario dijo esperar un apoyo en bloque de la coalición de gobierno.
La posibilidad de extender la concesión estaba en el contrato original con TCP de 2001, ha dicho en más de una intervención a lo largo de las últimas semanas.
En el gobierno también se argumenta que por la ley votada en 2017 por el FA se extendió el máximo de concesiones de 30 a 50 años, plazo por el que se otorgó una terminal en el puerto a UPM.
¿Si UPM puede, por qué no Katoe Natie?, es la pregunta que se hacen.
PRIORIDAD EN ATRAQUE
La Diaria recoge declaraciones de Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos, quien señaló que “la competencia no era sana” en el puerto y que Katoen Natie había hecho “poca inversión” por las “distorsiones” normativas.
Defendió que el área especializada opere con contenedores y que en los muelles públicos se reciba otro tipo de carga.
“No hay un monopolio, sino una prioridad en el atraque”, sostuvo el jerarca.
Tanto Curbelo como Heber han argumentado que la competencia actual es contra otros puertos, y con estas inversiones, que se compromete a hacer TCP, el puerto ganará competitividad y logrará bajar las tarifas.
“Prioridad de atraque en Katoen Natie es una violación flagrante a la libre competencia”, afirmó el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, a la publicación Mundo Marítimo. “También viola el derecho de elección de las líneas navieras para operar donde quieran operar”.
La empresa, de capitales chilenos y canadienses, opera en el puerto desde el 2000 y contribuye, con un promedio de US$14 millones anuales en concepto de uso del Puerto.
La empresa tiene 400 empleados directos y otros 300 indirectos a través de contratistas.
UN “CONTRATO ÚNICO”
Álvaro Diez de Medina, abogado de Katoen Natie, fue consultado acerca del contrato por Montevideo Portal.
Sostuvo que “es un acuerdo único”, en el que las “dos partes convienen en que apliquen las normas que están vigentes”. Agregó que “no hay que modificar ninguna ley” ni “ningún decreto”, sino que se trata de “respetar el orden vigente desde el año 1992”.
“Sobre esa base [legal] es que se da una terminal especializada. Por si fuera poco, el acuerdo prevé que cuando se alcance determinado porcentaje [85%] de las operaciones proyectadas en la terminal ampliada [es decir, se llegue a ese nivel de ocupación], el Poder Ejecutivo tiene las manos libres para analizar la convocatoria a una licitación para la construcción de una segunda terminal”, subrayó.
Además, el abogado señaló que como parte del acuerdo la empresa se comprometió a una inversión de 455 millones de dólares “en infraestructura y equipo”, y proyecta “multiplicar por tres la capacidad actual”.
CABILDO ABIERTO
Esta semana en Radio Oriental 770 AM, Manini Ríos dio las claves de su rechazo a la posición del gobierno. Reclamó que el contrato portuario sea parte de “una política de Estado” y no la decisión de un gobierno.
“Cincuenta años son diez administraciones de gobierno, que seguramente serán de distinto signo. Este tipo de contrato tiene que hacerse necesariamente en el marco de una política de Estado y no solamente a instancias de un Partido Político, en el que participe sólo un Partido Político, sabiendo que en definitiva, va a afectar a todo el espectro político”.
Para Manin es “necesario hacer cambios” en el contrato con la empresa Katoen Natie.
En esa addenda, dijo, se debe establecer que el Estado Uruguayo “tiene la última palabra en caso de venta de las acciones en la terminal de carga especializada.
“KN tiene el ochenta por ciento de las acciones, el otro veinte por ciento lo tiene la ANP. Pero así como está firmado hoy, nada impide que esta empresa le venda la operativa del Puerto de Montevideo, a otra empresa de cualquier nacionalidad”, explicó.
”También en nuestra propuesta va a estar la reducción de este plazo de cincuenta años y algunos otros agregados que hacen a la operativa del puerto, como la colocación de escáner de última generación en todas las áreas del puerto etcétera”.
