Oficialismo y oposición volvieron a confrontar por la interpretación de las cifras oficiales, y el rol que ha jugado en el descenso de los crímenes la restricción de la movilidad por el COVID-19.
El gobierno y el Frente Amplio volvieron a confrontar por la interpretación de las cifras oficiales de los delitos, y el rol que ha jugado en el descenso de los crímenes la restricción de la movilidad por la pandemia del COVID-19.
Parece un debate de nunca acabar, que se reedita como si fuera un bucle. El escenario en que se repitió esta vez la película fue la comisión especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Diputados, a la que compareció el ministro Luis Alberto Heber, en principio para hablar de la imputación por tráfico de armas de un policía de la Guardia Republicana -que estaba en pase en comisión en el despacho de la diputada Susana Pereyra- y de la situación carcelaria de Canelones.
El ministro del Interior estuvo dos horas y media con los legisladores y, como era de esperar, fue consultado por el asesinato de una mujer de 36 años en la Ciudad Vieja -una cuidacoches que fue alcanzada por una bala perdida en el marco de un tiroteo entre bandas-, así como por la situación general de los homicidios, que aumentaron en las últimas semanas si se toma como lapso el trimestre julio-setiembre, o disminuyeron si se toman los primeros nueve meses del 2021 en comparación con igual período de 2020.
Así, de acuerdo al último informe estadístico de la cartera de seguridad, en los primeros nueve meses de este año los homicidios bajaron un 16,7%, pero si se toma como referencia el tercer trimestre de 2021, como hace el FA, los asesinatos subieron de 78 a 81.
Quien más ha insistido en la incidencia de la movilidad, y en cuestionar la veracidad de las cifra, ha sido -dentro del Frente Amplio, que cuenta con los servicios de la consultora de medios Global News para medir la cantidad de notas sobre homicidios-, el Movimiento de Participación Popular (MPP). A este sector pertenece el senador y exministro Eduardo Bonomi, cuestionado durante su gestión al frente del ministerio (2010-2020) precisamente por la suba de los delitos.
Y ayer el MPP volvió a la carga. Según contaron a El País participantes de la sesión parlamentaria, fue el diputado Sebastián Valdomir quien “puso el tema” sobre la mesa, e hizo hincapié en el aumento de los homicidios en los últimos tres meses.
Heber reconoció el incremento, pero lo puso en contexto: dio a entender que la oscilación en sí no la tomaba como significativa y que si se comparan los números con los últimos trimestres de 2019 y 2018, la baja se mantiene.
De hecho, aseguraron fuentes de la cartera, en el tercer trimestre de 2018 hubo 99 homicidios y en el de 2019, 102. Y sostuvieron que estas cifra son comparables, pues advirtieron que los niveles de movilidad en esos años eran los mismos que tenemos ahora en 2021.
Sin entrar en estos detalles, la diputada del MPP Margarita Libschitz subrayó de todas formas el aumento actual de los asesinatos y que en todo caso el descenso de hurtos y rapiñas se dio por efecto directo de la pandemia.
“La realidad un poquito mata el relato”, dijo. Y se detuvo en tres casos puntuales: “Ayer hubo una actividad sobre el referéndum en Nuevo París, y a media cuadra había una balacera. Hoy -continuó- una trabajadora murió víctima de balas, en teoría de narcos. Se encontró un cuerpo en Rivera. El relato mata el dato en este caso”.
A su turno, el diputado blanco Sebastián Andújar admitió la “virulencia mayor” de los delitos que ha habido últimamente, y que la movilidad puede jugar un papel respecto a los hurtos y rapiñas, pero no en el caso de los asesinatos. “Cuando dos bandas se disputan un territorio por droga no hay movilidad que lo frene”, afirmó.
Caso de cárcel de Canelones
Heber fue consultado por la denuncia del Sindicato de Policías Agremiados Canarios acerca de presuntos secuestros a policías de la cárcel de Canelones. El ministro dijo que Fiscalía y Asuntos Internos de la cartera ya estaban trabajando en el tema, pero que el propio gremio ya había matizado el tenor de su denuncia, y que no se trataban exactamente de secuestros.
Imputado fue custodia de Leal.
Otro de los temas abordados por el ministro Luis Alberto Heber ayer en comisión fue el caso de la imputación por tráfico de armas del policía de la Guardia Republicana que hasta hace pocos días se desempeñaba en pase en comisión como custodia de la diputada del MPP Susana Pereyra -que además es esposa del exministro del Eduardo Bonomi.
El tema fue polémico por un cruce de declaraciones entre Pereyra y Bonomi y la propia cartera de seguridad, acerca de quién tenía la responsabilidad de haber elegido al imputado para acompañar a la legisladora. En un principio, Pereyra dijo que quien lo había designado había sido el fallecido exministro Jorge Larrañaga, pero luego la Secretaría de Estado aclaró que la resolución fue de la administración saliente. En el Parlamento, Heber repasó el legajo de este policía, que ingresó a la Guardia Republicana en 2016, que en 2018 fue custodio del entonces director general de Secretaría, Federico Laca, y que incluso en 2019 protegió a Gustavo Leal, en ese momento director de Convivencia y luego el elegido para ser el ministro del Interior del FA, si ganaba Daniel Martínez
Diario El País