Ana Olivera niega irregularidades informadas por auditoría en el Mides

La ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social afirmó que las deudas de las ONG fueron informadas a las autoridades.

Las primeras auditorías realizadas en el Ministerio de Desarrollo Social revelaron irregularidades en el manejo de fondos, según información a la que accedió El País y confirmó Nicolás Martinelli, director General de Secretaría del Mides, en conferencia de prensa este domingo.

Ana Olivera, ex subsecretaria del Mides, negó estas irregularidades en una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter y expresó: “si hay denuncia penal y un juez nos convoca a declarar, no voy a acogerme a ningún fuero”.

Una de las irregularidades que se descubrieron tras las primeras auditorías es un faltante de casi $ 10 millones por impagos de alquileres de refugios. El Mides daba a ONG y cooperativas el dinero para solventar el alquiler de los lugares necesarios pero unas 15 organizaciones no hicieron efectivos los pagos.

Con respecto a este tema, Olivera expresó que esas deudas habían sido informadas a las actuales autoridades del ministerio y que “a esa fecha se le había hecho denuncia penal a una organización. En febrero se realizó una segunda denuncia penal. En 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó con las ONG’s”.

Otra de las irregularidades denunciadas estuvo relacionada con una planilla de los inmuebles que habían sido donados al Ministerio, entre ellos 28 predios o viviendas que habían sido donados al Pronadis, de los cuales, a priori, solo tres se estaban usando efectivamente.

Con respecto a esta situación, Olivera escribió: “En la página web del Mides, en respuesta a un pedido de informes, está el listado completo de bienes del Instituto Artigas que pasaron a propiedad Mides en enero 2016. Allí está indicada la situación patrimonial de cada uno. El campo de Lavalleja está alquilado desde 2002”. “Las cuentas dónde se depositan los alquileres no fue tocada en el quinquenio”, agregó en otra publicación.

Olivera, sobre deudas del programa socioeducativo Uruguay Trabaja con el Banco de Previsión Social, escribió: “La transferencia anual al Bps ronda los 1.500 millones de pesos, y con un contacto permanente de las dos áreas financieras”.

Fuente: www.elpais.com.uy

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