La funcionaria policial asesinada en 2017 iba a denunciar actos de corrupción en esa oficina. Su hija habló ahora con Subrayado tras denuncia de tráfico de personas.
La hija de una funcionaria de Migración del Chuy que fue atacada a balazos en 2017 reclama la reapertura del caso, que terminó con la muerte de la mujer tras dos años de estar en silla de ruedas cuadrapléjica.
La funcionaria de Migración estaba recopilando pruebas para denunciar irregularidades en esa dependencia policial del Chuy cuando fue baleada en la puerta de su casa por un desconocido que pasó en moto.
La investigación que se hizo pública estos días sobre el presunto pago de coimas a funcionarios de Migración en la frontera con Brasil para habilitar el ingreso de cubanos sin papeles, reavivó las sospechas de la hija de la mujer policía de esa dependencia que hace tres años recibió un balazo en la cabeza.
“A mi madre la mataron para que no hablara”, dijo su hija a Subrayado este miércoles, tras conocer la denuncia de corrupción en la oficina de Migración del Chuy.
A nivel judicial el homicidio de la funcionaria policial está cerrado según sostiene su hija, que ahora reclama la reapertura para poder llegar a la verdad sobre lo sucedido en 2017, justo el mismo año mencionado en la denuncia que ahora salió a la luz sobre la supuesta red de tráfico de cubanos.
Su madre era suboficial mayor y trabajó más de 20 años en Migración. Cuando recopilaba pruebas sobre los supuestos ilícitos en esa dependencia del Ministerio del Interior fue amenazada. La mujer no llegó a hacer la denuncia de manera formal y al tiempo la mataron.
“Lo hicieron bien hecho. Ahora sale a la luz lo que ella contaba”, asegura su hija, que pidió preservar su identidad por miedo a represalias. El crimen está impune, asegura su hija.
INVESTIGACIÓN
El ministro del Interior Jorge Larrañaga fue consultado este miércoles por Subrayado sobre las denuncias de corrupción y tráfico de personas en la oficina de Migración del Chuy.
Larrañaga dijo que hay una denuncia en Fiscalía desde marzo y que en la Dirección Nacional de Migración “hay una investigación administrativa de eventos que vienen del año pasado, y que en algunos casos se había esbozado denuncia en 2017”.
El ministro aseguró que cuando termine la investigación interna “se trasladará todo a la Fiscalía para aclarar el caso”.
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